Cuando el tristemente célebre presidente Chávez ordenó encarcelar a una juez durante la transmisión de un programa de televisión, cometió un acto de injerencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cuando en otros programas en vivo ordenó la expropiación de bienes privados, se ejecutó la orden sin haber cumplido, en muchas de las mismas, con los procedimientos administrativos y legales a los que la ley obliga en este tipo de medidas.
En ambos casos se cometieron abusos de poder y delitos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico y siendo tan evidentes los atropellos cometidos por el entonces presidente, no se hizo público, ni se inició acción alguna por las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes, ni de los funcionarios encargados de velar por la defensa de los derechos del ciudadano, ni de aquellas cuya labor es la de obligar a los empleados públicos al fiel cumplimiento de la normativa legal.
En el período pasado el alcalde de Mariño, Edo. Aragua, aprobó el medio pasaje para las personas de la tercera edad, contraviniendo la exoneración acordada en Cámara y el decreto del fenecido Chávez de exoneración del pasaje para dicho grupo de ciudadanos, y hasta los momentos, no ha habido algún tipo de pronunciamiento al respecto, ni de concejales pasados, ni presentes, ni del Contralor Municipal, ni siquiera de aquellos que son las víctimas de dicho delito, los ciudadanos de la tercera edad; todo ha quedado en el más sepulcral silencio.
Podemos llenar páginas y páginas de hechos ocurridos y realizados por empleados público a lo ancho y largo del territorio venezolano, con la misma consecuencia: ausencia total de control, trabajo y ejecución de sanciones y procedimientos a los que están obligados por ley, aquellos que tienen la orden de velar por el estricto cumplimiento de las mismas.
Dado que vivimos desde hace bastante tiempo inmersos en una cultura caudillista, cortesía de nuestro modelo religioso, entre otros, y que desde hace algún tiempo hemos tenido una Constitución presidencialista, las figuras emblemáticas son las de presidente, jefe, cabeza, líder, director y cuanto calificativo se utilice para el encargado, obviándose que los jueces, contralores, defensores públicos y síndicos, entre otros, tienen tanto o más responsabilidades cuando un funcionario público comete delitos u omisiones en los procedimientos administrativos, en el ejercicio de las funciones a que están obligados.
Baste un solo ejemplo: el ex presidente Chávez debió ser sancionado por injerencia ante otro poder como el Judicial, por ordenar una acción contra otro ciudadano sin haber cumplido con los procedimientos administrativos necesarios para realizar dicha acción. Debió haberse hecho una investigación para determinar la violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos afectados por las medidas tomadas de expropiación, a los cuales está obligado a defender y proteger el presidente de los venezolanos. Todos aquellos que de una u otra manera permitieron que estos atropellos se materializaran, pudieran ser cómplices directos o indirectos de los delitos que aquel pudo realizar, amparado en su condición de presidente del Ejecutivo.
El venezolano, de tanto repetirlo, ha hecho realidad aquello de que “tenemos memoria corta”. No puede ser del todo cierto, más que eso, se nos ha enseñado con el ejemplo de los últimos 40 años de “democracia” que, tapando el error del predecesor, me aseguro que mi sucesor tapará los míos, sin darnos cuenta que hemos estado pateando a diestra y siniestra la moral, la ética y los valores imprescindibles de la democracia, envileciendo la honrosa profesión de Servidor Público y de Político que dedica su esfuerzo y hace carrera en la búsqueda del bien común de aquellos a los que representa.
Es hora de cambiar nuestra mentalidad, es hora de enterrar definitivamente la politiquería perfeccionada por los “políticos” del 58, para centrarnos y hacer valer los verdaderos valores que necesita una democracia bien ejercida, unos cargos públicos llevados con escrupulosa fidelidad, para que, satisfaciendo al ciudadano, seamos dignos del agradecimiento del mismo, contrario a lo que hasta hoy ocurre, que se nos demanda, según reza el juramento.
Eligio Jeantón. O.