No hay duda, el escenario político venezolano se torna extraño y disímil a cualquier experiencia antes habida. Nunca imaginamos soportar por seis años como jefe de Estado a un sujeto que, siendo vicepresidente de la República para la fecha en que fallece su antecesor, contraviniendo el espíritu y propósito de la Constitución en su artículo 229, se postuló como candidato presidencial. A partir de allí, se evidencia un acrecentamiento de ilegitimidad e iniquidad en el actuar del dictador y la horda de la cual se hace acompañar, en perjuicio de la institucionalidad democrática, de la estabilidad económica, irrespetando los derechos y libertades de nuestros ciudadanos.
Cabe recordar los intentos realizados para salir de esta pesadilla mediante distintas fórmulas constitucionales; ninguna respetada, ni observada por el ilegítimo. Así nos unimos para exigir el proceso revocatorio con resultados infructuosos; la Asamblea Nacional declaró el abandono de su cargo, también su doble nacionalidad y posteriormente, por sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo de Justicia actuando desde el extranjero, fue inhabilitado para el cargo de primer mandatario.
Como sobredosis de esta sistemática injuria constitucional, moral y ética, para el 20 de mayo de 2018 se convocó y realizó un «proceso electoral» bajo la dirección de un CNE genuflexo e ilegítimo, desairando una vez más el principio de separación de poderes públicos, cuando atendiendo otro requerimiento desde Miraflores erigió al tirano como el gran triunfador del circo electoral al cual, sólo bajo un solemne milagro, podríamos sobrevivirle por seis años más; eso sí, a quienes les corresponde hacer historia con coraje y valentía no hacen valer la autoridad de la cual quedaron investidos por voluntad de una mayoría ciudadana; en este orden, cabe recordarles que los grupos internacionales ya marcaron el tono y letra de esta canción: “No te reconocemos como presidente, estafador”. No hay otro camino, ni otra salida.
De manera que, por designio omnipotente, se les ha presentado una nueva oportunidad para colocarse a la altura de este país y su historia. Dejarla pasar es volver la cara hacia el abuso, la insensibilidad y falta de decoro. Ante este escenario inédito, aun cuando la Constitución no establece el mecanismo para resolver el vacío de poder como situación de facto, corresponde aplicar los principios y valores que la contienen, principalmente los recogidos en el artículo 5 constitucional.
Lo que implica es que ante esta falta absoluta, es al presidente de la Asamblea Nacional a quien corresponde asumir el poder de manera transitoria, debiendo organizar una agenda de cumplimiento inmediato que pase por la renovación de los Poderes Públicos, reconceptualización de la Fuerza Armada Nacional, liberación de los presos políticos, imposición de medidas a corto plazo para reactivar la economía nacional, abrir el canal humanitario de manera urgente y cualesquiera otras acciones que deban ejecutarse de cara al periodo de transición que demandamos los venezolanos.
El diputado Guaidó y demás miembros de la Asamblea Nacional no tienen estimación de cuántos ojos nacionales e internacionales están puestos sobre sí. Una cosa es “avanzar hacia la transición” y otra es decretarla y designar de una vez a su responsable. No es suficiente aseverar que Maduro es ilegítimo; el diputado en cuestión debe cumplir el rol como presidente de la República. Sólo así rompería la continuidad de un comportamiento colegiado evasivo y cobarde asumido desde el pasado. Quienes elegimos este cuerpo legislativo esperamos por su noble obra. Venezuela y el mundo le premiará, caso contrario, la historia lo juzgará.