En el contexto de Emergencia Humanitaria en la que se encuentra Venezuela, uno de los elementos más importantes y sensibles para la población es el de los Medicamentos. La población venezolana requiere de la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los medicamentos para diferentes usos y en los diferentes niveles de atención. Para esto, los laboratorios farmacéuticos fabricantes transnacionales con filial fabricante de medicamentos en el país, los laboratorios farmacéuticos transnacionales representantes de su casa matriz y/o de una filial fabricante fuera del país y los laboratorios farmacéuticos de fabricación nacionales, requieren de divisas para la importación tanto del producto terminado (medicamento) que no se fabrican en el país, como de principios activos, excipientes y componentes para su fabricación en Venezuela.
Con la política de control de cambio, las divisas se asignaban luego de procedimientos de Autorización de Adquisición y Liquidación de Divisas, los cuales generaron deudas de los laboratorios farmacéuticos transnacionales con su casa matriz, en el caso de la importación de productos terminados (medicamentos), lo que llevo a crear gran desconfianza del sector frente a cualquier política “gubernamental”.
La asignación de divisas, en este momento ya no sigue ningún proceso o procedimiento escrito; se establece más bien a discreción de los funcionarios, lo que llamamos asignación “a dedo”, procedimiento que torpemente sólo alimenta una espirar de más desconfianza y una especie de “azar” para adquirir las divisas; sin ningún asidero legal.
Mientras tanto la población venezolana, debe adquirir tan necesario bien, a precios escandalosos, producto de la situación anteriormente descrita; pero además y lo más preocupante, que muchas veces están a merced de personas que traen medicamentos al país, sin ningún tipo de control por parte de la entidad reguladora (Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”), pues se trata de simples comerciantes, y mucho más grave poder tener el riesgo de adquirir medicamentos alterados y falsificados.
El desprecio de este estado criminal por su propia población, llega a tales niveles, que fabrican comisiones a discreción, en el seno del Ministerio de Salud, para usurpar funciones de la entidad reguladora, más específicamente las que correspondes a la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, Art. 33 del TITULO III: DEL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Capítulo I, de la Ley de Medicamentos.
En resumen, al no existir alguna política del medicamento coherente, creíble, viable y por supuesto sin ningún tipo de recursos, ni el más remoto interés de fortalecer la investigación y la producción de los Laboratorios Farmacéuticos de Fabricación Nacionales ni de respetar la actividad de los Laboratorios Farmacéuticos Transnacionales, por parte de un estado criminal, la población queda sólo con la angustia y el dolor, en una de las pocas áreas que todavía lucha por mantener la ética, los principios y los fundamentos científico legales: el área Farmacéutica.
@aricard53712558