A medida que se acerca la fatídica fecha de vencimiento de la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, crece la incertidumbre de parte de las fuerzas democráticas sobre la posibilidad real de salir de la narco tiranía comunista. La solución no parece sencilla. El Estatuto de la Transición (¿Por qué un “Estatuto” y no una ley, o incluso una Ley Orgánica para una cuestión tan importante?), dicta las pautas a seguir, la Hoja de Ruta de ese proceso político post-chavismo.
Sin embargo, tecnicismos jurídicos aparte, la cuestión política se nos plantea aún más compleja, dado el intrincado entramado de intereses estratégicos en juego. En primer lugar, ciertos personajes políticos, autocalificados como “de oposición” parecen estar jugando a favor de la banda criminal en el poder.
¿Hace falta señalarlos por nombre y apellido? Entonces continuemos. El papel jugado por estos actores políticos pareciera el de motivar una transición “democrática, electoral y pacífica” (en las condiciones actuales siempre este sambenito nos sonará a chiste malo, ¿verdad?) que no los excluya a ellos de posibles cuotas de participación política-electoral. Eso seguramente no es lo más relevante ya que los antedichos no representan en los hechos a nadie, o a casi nadie.
Lo verdaderamente preocupante es la falta de consenso de los actores internacionales con cierto grado de relevancia para nuestra crisis. Por un lado, el papel aparentemente “firme y decidido” de los EEUU en la restauración de la democracia en Venezuela. Esta posición ha sufrido cambios difíciles de ocultar. Su actitud inicial de “apoyo decidido” al gobierno interino con el cierre de su embajada en Caracas se fue morigerando a medida que se enfriaba el escenario de un cambio inmediato de la situación.
La actitud persistente de la Unión Europea de llamar a una resolución de la crisis “pacífica, democrática y electoral”, aunada al rol mediador de Noruega con su no reconocimiento del gobierno interino, parecen haber minado el poder negociador de este, en aras de una salida real a nuestra tragedia.
El Grupo de Lima, que también ha insistido en los medios “pacíficos y diplomáticos” para resolver la crisis, parece haber reforzado en el gobierno interino (aunque solo sea Guaidó y sus colaboradores más cercanos), la reticencia obsesiva a invocar el 187.11 con la Responsabilidad de Proteger, a pesar de que la cruda realidad hace rato grita por esta salida.
El más que probable retorno del kirschnerismo al poder en la Argentina muy probablemente nos quite un aliado importantísimo en el ámbito diplomático (¿Qué pasará con la Embajadora Trotta a partir de diciembre, cuando cambia el gobierno argentino?).
El tema clave aquí es ¿en nombre de cuales intereses reales se insiste en negociar con la narco tiranía, a pesar de que la realidad insiste en decirnos que ese no es el camino a seguir?
La reincorporación al TIAR no puede quedar solo en los libros. Urge la demostración al mundo de que es urgente la libertad de Venezuela y de que hace tiempo nos hemos ganado el derecho a la rebelión frente a un régimen criminal. La ausencia de una estrategia volcada a lograr la libertad y la transición en el menor tiempo posible aumenta irracionalmente los costos del cambio político e institucional.
Estos costos no se miden sólo en números fríos. Se miden en vidas.
@josejoram
Secretario Político Vente Venezuela, Barcelona España
Politólogo-ULA
Esp. Relaciones Internacionales-UCV
Dipl. DDHH de las Mujeres –Universidad de Lund, Suecia.