La lucha por la libertad, la paz y la justicia impulsó a las naciones del mundo luego del flagelo de la Segunda Guerra Mundial a consolidar sus esfuerzos en la creación de un instrumento jurídico-internacional que reconociera y tutelara las libertades fundamentales del individuo. Estos esfuerzos y convicciones fueron los que permitieron la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Históricamente, en las páginas de la historia están escritos los nombres de dictadores responsables de violaciones masivas y sistemáticas de Derechos Humanos como Franco, Gadafi o Kim Jong-un. Para que fueran juzgados por sus crímenes fue necesario que la sociedad y la dirigencia política se comprometieran con no absolverlos.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a recibir justicia. Ante eso el Estado venezolano tiene la obligación de garantizarla y la dirigencia política con aspiraciones de gerencia y gestión pública tiene que asumir el compromiso de saldar las deudas históricas de nuestra nación.
La situación en Venezuela es grave, lo cual no ha sido ignorado por la Comunidad Internacional. Al contrario, el 4 de julio de 2019, mediante un informe de actualización oral la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
En el caso de los derechos civiles y políticos se han generado graves violaciones del derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación política a través de la persecución y hostigamiento de los organismos de seguridad y cuerpos paramilitares a la disidencia política.
De acuerdo con la Organización no Gubernamental (ONG) Foro Penal existen 328 presos políticos (cifra a la fecha 2 de Marzo de 2020). Michelle Bachelet en el último reporte de fecha 27 de febrero de 2020 presentado en Ginebra sobre la situación de Venezuela insistió en la liberación de los presos políticos. En palabras textuales de ella expreso: “Reitero mi llamado para la liberación incondicional de todos aquellos detenidos por razones políticas”.
No obstante, este llamado no ha sido atendido y, en consecuencia, las violaciones a los derechos humanos se siguen agravando con la permanencia de la Dictadura en el poder. Como venezolanos somos garantes de la democracia y, por ende, tenemos la responsabilidad de colaborar en ese aspecto. En particular, en el restablecimiento de la democracia de conformidad con el artículo 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Parte de esa responsabilidad consiste en exigir calidad en la representatividad política. La dirigencia política no puede pretender ignorar que los venezolanos están siendo perseguidos y hostigados como parte de una política sistemática y generalizada orientada a la vulneración de su dignidad.
Es momento de una actitud responsable. En particular, incorporando en el discurso político propuestas claras en el marco del diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas en la protección y garantía de nuestros derechos humanos. Los venezolanos tenemos el derecho de participar en el debate y una postura clara en contra de la impunidad.
Nuevamente, nos toca emprender una lucha cívica y constitucional de justicia. Hoy resulta sumamente necesario renovar ese compromiso que se manifiesta en la defensa de los derechos humanos pero sobretodo, en la coherencia de la dirigencia política de defender nuestras libertades fundamentales en todas las instancias.
Enlace de DDHH del Estado Bolívar.
Secretario Político de Vente Joven Bolívar
Twitter: @RobnnyN