El abogado por el Foro Penal denuncia detenciones arbitrarias, carencia en servicios básicos y falta de claridad en la situación del estado ante el Covid-19
Luis Magallanes, abogado y miembro del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela por el estado Yaracuy, rechazó este viernes las acciones realizadas por el usurpador del estado, Julio León Heredia, quien, conduciendo un autobús marca Yutong y en compañía de representantes de los distintos cuerpos de represión, aplicaron la detención de 608 personas por no utilizar tapabocas.
Tal operativo fue desarrollado en los 14 municipios del estado y las personas detenidas fueron trasladadas a una sala durante 4 horas, para luego ser puestas en libertad bajo la amenaza de ser detenidas nuevamente durante 48 horas en caso de no acatar las medidas establecidas.
“El totalitarismo hace presencia en las calles del territorio yaracuyano asustando a la población mediante detenciones y restricciones del libre tránsito”, dijo, al tiempo que afirmó que con estas acciones están violando los derechos fundamentales establecidos en todos los contratos universales, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13, así como también en el Pacto de San José en su artículo 22.
Asimismo, informó que en Yaracuy la libertad de tránsito ante la pandemia del Covid-19 fue sustituida por tránsito limitado. “Es inaudito que se les impida a los ciudadanos salir de sus casas por no usar tapabocas, si ni siquiera ellos pueden proveerlos”, detalló.
Magallanes resaltó que muchas personas no tienen ni siquiera comida y gas, y dijo que la mayor parte del estado tiene meses sin el servicio de agua potable y por la escasez de combustible no pueden contratar ni un camión cisterna. “¿Cómo le dicen a las personas que no salgan cuando no tienen ni siquiera comida, servicios de gas y agua potable para sustentarse durante la cuarentena, debido a una crisis que ellos mismos han generado?”.
Por otro lado, calificó de alarmante las cifras que se manejan actualmente en la entidad de personas con sospechas de padecer Coronavirus, así como la poca información que ofrecen voceros del régimen al respecto. «Es alarmante y altamente preocupante, ya que según León existen 363 familias bajo sospecha, lo que se traduce en más de 1000 personas en situación de aislamiento y ante la ineficiencia y negligencia oportuna de combatir lo que la Organización Mundial de la Salud denominó como pandemia”.
El abogado por el Foro Penal explicó: “Aunque se conoce la ineficiencia, jamás se ha informado a la colectividad si se cuenta con los reactivos necesarios para la realización de las pruebas de despistaje del Covid-19, así como los sitios donde hacen el respectivo estudio. Hay mucha preocupación en este tema y podría generarse un contagio masivo de no ser combatido a tiempo».