Exhorta a la comunidad internacional a implementar mecanismos de Cooperación para garantizar los DDHH.
(Caracas 05/06/2020) Luis Tarbay, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, se pronunció este viernes sobre las condiciones sanitarias en las que se encuentran los sitios de aislamiento asignados por el régimen para albergar a los venezolanos que regresan al país, en medio de la pandemia mundial por el Covid-19.
Señaló que en dichos lugares reinan el hermetismo, la insalubridad y las violaciones constantes a los Derechos Humanos. “Los ciudadanos comen una sola vez al día, no tienen agua, no reciben atención médica y les cuesta mantener un buen aseo debido a que no tienen medidas sanitarias aptas. Desde niños hasta adultos mayores son obligados a soportar esa situación de hacinamiento y menoscabo de sus derechos”, expresó.
Además, señaló que estas medidas perpetradas por el régimen son discriminatorias y revictimizan a los venezolanos que, en primer lugar, se vieron en la obligación de huir del país ante la crisis humanitaria compleja que el mismo régimen propició, y ahora, al verse obligados a retornar al territorio venezolano, son juzgados y tratados como criminales y traidores.
“Los venezolanos que regresan son tratados de apátridas, criminales y traidores. Al régimen no le bastó con obligarlos a huir del país, sino que ahora viola sus derechos humanos, victimizándolos por segunda vez”, añadió.
Ante esta situación, el abogado reiteró la necesidad de solicitar apoyo internacional para atacar la grave crisis humanitaria que viven los venezolanos, no solo ante la situación de la pandemia, sino también por las carencias que ya existían en el país a causa del Estado criminal, sobre todo en el área de alimentación, pues muchos venezolanos están sumidos en la pobreza y la desnutrición. Precisó que se debe solicitar apoyo bajo el Programa Mundial de Alimentos, lo cual es una opción viable que pudiese impactar incluso en el apoyo a los hoy tan golpeados pequeños y medianos productores del país.
Dada la urgencia, hace un llamado a todos los actores a desarrollar el máximo esfuerzo posible para recibir ayuda humanitaria cuanto antes, insistiendo en que el manejo de dicha ayuda humanitaria y su implementación en Venezuela se haga de acuerdo con los estándares internacionales que garanticen la transparencia e imparcialidad necesaria, a través de organizaciones especializadas y no mediante organismos políticos.
El llamado es también a los gobiernos latinoamericanos: «Urge avanzar en una respuesta regional integral». En virtud de la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana, ya existe el compromiso de velar por la situación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos.
“Los venezolanos debemos seguir trabajando en construir el país que merecemos. Para ello, debemos unir esfuerzos para presionar la salida del régimen causante de la diáspora y la crisis humanitaria que representa un peligro para toda la región», finalizó.