Mientras la usurpadora del régimen en el estado Delta Amacuro anuncia la radicalización de las medidas contra el Covid-19, los ciudadanos luchan desesperadamente por obtener alimentos para sobrevivir, siendo sometidos a una terrible humillación.
Los Deltanos sucumben a la pesada carga de recorrer a diario largas distancias bajo un sol inclemente o una lluvia incesante, el retorno lastimero y apesumbrado con pocas provisiones que los condenan a incrementar los riesgos para su salud. A veces miran atrás con la esperanza de ver un vehículo que les acorte el largo trayecto, pero resulta infructuoso, ya que el transporte público está “restringido” de manera indefinida el suministro de gasolina, pero en las estaciones de servicio se observan largas colas de los jerarcas del régimen, amigos y vehículos «centinela», para surtir combustible.
Ante esta situación, la cuarentena más que una medida de prevención sanitaria parece un toque de queda para perseguir y humillar a los ciudadanos. El control social se incrementa y en las noches los buses de marca “Yutong”, los camiones de la Guardia Nacional y los cuerpos represores del Estado realizan recorridos por las comunidades para obligar a los deltanos a estar dentro de sus hogares: sin comida, con fallas en el servicio eléctrico, sin TV, sin gas y sometidos a altas temperaturas. Para los ciudadanos, está la amenaza latente sino acatan las medidas. Pero, la realidad es que el distanciamiento social no importa cuando la prioridad es apaciguar el hambre.
Las políticas del régimen socialista, (expropiaciones, política de importación, dolarización de la economía, entre otras), trajo como consecuencias descenso de niveles críticos en la productividad, lo que impacta en las reglas de comercialización (oferta y demanda) e impacta en los ciudadanos, quienes peregrinan a diario en las calles buscando alimentos, con pocos resultados debido a la falta de efectivo, salarios miserables, precios dolarizados, ausencia de transporte público y control social.
La producción agrícola y pecuaria descendió a niveles mínimos. En la basura quedaron las promesas de una soberanía alimentaria y vemos con indignación infraestructuras como la empresa Cárnica; Una arrocera con una inversión súper millonaria que no abastece a los deltanos y hoy debemos consumir arroz de dudosa calidad. Para instalar esa empresa muchos productores agropecuarios fueron desalojados de sus predios. El esperado centro de acopio de leche para el procesamiento de productos lácteos, nunca se concretó, entre tantos otros proyectos.
Acabaron con todas las empresas y el aparato productivo en el estado. Los altos precios de los productos de la cesta básica, el incentivo a la proliferación de bodegones y la importación desmedida acorralan a los deltanos. En fecha reciente los comerciantes, junto a sus trabajadores salieron a la calle en rechazo a las limitaciones impuestas por el régimen en la entidad. Quienes ingresan al estado con mercancía para la venta, se quejan porque parte de la carga se queda en las alcabalas.
Un pueblo con tantas limitaciones sin producción, sin alimentos, sin transporte, sin gas, con salarios miserables, precios dolarizados, sin acceso a medicinas y los centros de salud en condiciones de vulnerabilidad, sin dotación; incrementan el riesgo de morir. Actualmente, el hambre pudiera representar una situación de mayor riesgo que morir por el Covid-19.
Hoy, Venezuela necesita de apoyo internacional mediante una Operación de Paz y Estabilización que permita no solo recuperar a las empresas y volver a producir, sino también a reconstruir esta Tierra de Gracia que es Venezuela, para lograr la libertad.
Maigualida Martínez coordinadora estadal de Asociaciones Ciudadanas.