(Los Teques. 16/07/2020) En medio de este inmenso caos en todos los «órdenes» del Estado venezolano, hay principios fundamentales que deben ser rescatados, de inmediato, alentados, protegidos, hasta la meticulosidad más exagerada. Uno de ellos, de especial relevancia, al que hay que cuidar para una sana reconstrucción económica y social del país posterior al venidero derrumbe de la tiranía es el de la propiedad privada.
El «Socialismo del siglo XXI» que nos han impuesto a los venezolanos por la fuerza, contrariando en todo el texto constitucional, preconiza y ejecuta acciones permanentes que resultan lesivas a la propiedad privada y exalta el crecimiento abrupto de la propiedad pública y de los jerarcas del régimen, de sus inescrupulosos acólitos. Esto es contrario al ejercicio de la ciudadanía (cada ciudadano tiene derecho a poseer sus bienes y a conjuntarse, asociándose, para desarrollar empresas de cualquier índole, apegados a la ley) a la libertad de empresa, a los intereses mismos del Estado.
Cuando como un orate desaforado el más reciente mandatario muerto profería sus «exprópiese» alentaba, sin duda, discursivamente la violencia contra la propiedad, contra la empresa y contra cada ciudadano, al propiciar el robo, tal cual firme y valientemente se lo hizo conocer de frente a él y al país la entonces diputada María Corina Machado. No conforme con sus «exprópiese», en reiteradas ocasiones, ese mismo mandatario, literalmente, desde su alta investidura y la irradiación simbólica y textual que ella produce, indujo al robo por necesidad. Mala conseja para un país con debilidades en la preservación de los principios básicos de la convivencia.
Hoy se aprecia, comúnmente, como lo hemos advertido en nuestras más próximas cercanías, las invasiones, las expropiaciones, la apropiación indebida de bienes ajenos como parte de una política que se ha centrado, como ya se conoce hasta internacionalmente, en un permanente azuzar positivamente a la delincuencia: narcos, terroristas, asesinos, ladrones. Ya lo vemos en el vandalismo hasta protegido por el poder foráneo en las universidades, por ejemplo. El mensaje, desde lo más alto del poder debe ser absolutamente otro. De garantizar plenamente no sólo la libertad de empresa, sino también toda propiedad: pública o privada, especialmente, radicalmente, esta última.
Basta de alentar el matraqueo en alcabalas, el matraqueo en los negocios, a los comerciantes, en las gasolineras a quienes surten desesperados su combustible (en esto los de la miserable Guardia Nacional son expertos, por ejemplo). Desde esos más bajos niveles hasta la protección radical, hasta el paroxismo, de la propiedad de los bienes o de las empresas de todos los ciudadanos. Tal como establece el texto constitucional en su artículo 115: » Se garantiza el derecho de propiedad». Y, así, todo aquel que sea vulnerado en su derecho debe tener la garantía de que su reclamo tenga un proceso expedito y la delincuencia sea castigada. No liberada sin son ni ton, ni mucho menos entrenada para «proteger la patria» ante una eventual invasión.
Tenemos que retornar a la protección de los derechos, a la legalidad y a la persecución y castigo de todo aquel que atropelle la propiedad de otros o de todos. Es una garantía sobre la cual se fundamentará el más pronto y seguro crecimiento económico, una vez se resuelva esta insólita tragedia de la opresión que nos tiene arruinados económica, social y moralmente.
William Anseume