El pasado 13 de noviembre, una comisión de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cerró las instalaciones de la emisora Rumbera 94.7FM en San Carlos, estado Cojedes. Una vez más la tiranía que impera en Venezuela arremete contra la prensa libre y los medios que no se alinean en lo que han pretendido llamar la hegemonía comunicacional que pone en entredicho aún más el carácter tiránico de quienes hoy usurpan el poder en el país.
Los funcionarios siguiendo órdenes del régimen de facto cargaron con equipos, consolas, computadora, micrófonos y hasta el transmisor se llevaron lo que le impide estar al aire y deja sin empleo a cerca de 35 empleados directo e indirectos.
Una supuesto problema con la concesión, que tampoco las otorgan, para chantajearlos y obligarlos a que transmitan las fastidiosas cadenas de radio y televisión que durante horas inundan el espacio radioeléctrico e impide a los ciudadanos ver lo que desean, porque la señal está secuestrada por un sujeto que dice ser presidente del país e intentan convencer que todo está bien y que vivimos en el país de las maravillas.
Cojedes es uno de los estados que no tiene prensa escrita, Las Noticias de Cojedes y el Diario La Opinión cerraron ante la negativa de venderle papel y el encarecimiento de materiales y productos para su circulación. Cientos de empleos se perdieron ante un gobierno que se jacta de ser obrerita y que protege a los trabajadores. Muy pocas emisoras de radio se mantienen informando y eso ha conllevado a que el estado se sume a los 5 millones de venezolano que hoy están desinformando de acuerdo con la investigación del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
De acuerdo con un estudio realizado por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), la intimidación es el riesgo más recurrente en Venezuela. Le siguen la censura y la agresión física contra los trabajadores. Las tres estuvieron presentes en 22 estados y en el Distrito Capital. Los principales victimarios son los cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios del Gobierno, los colectivos armados y bandas organizadas que operan con total impunidad.
Igualmente, organizaciones de defensa de derechos humanos dan cuenta que durante los primeros seis meses de 2020 se registraron 162 ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad de Estado y los grupos llamados “colectivos”.
Ante esta situación que vulnera un derecho humano fundamental que es el de la libertad de expresión no podemos permanecer tranquilos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Esto en Venezuela no se cumple, pues funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado acosan y persiguen a periodistas y a cualquier persona que alce la voz, para denunciar la tragedia que viven millones de venezolanos que mueren de hambre.
Nuestra Constitución es clara y en los artículos 57 y 58 establece la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los venezolanos, que pareciera ser letra muerta por quienes detentan el poder por la fuerza. También en el artículo 23 del mismo texto se habla sobre los tratados y convenios internacionales que deben ser de estricto cumplimiento.
Hoy, los venezolanos están indefensos ante un régimen que cierra medios de comunicación y persigue a periodistas. Yo les recuerdo a quienes incurren en este tipo de prácticas que las responsabilidades son individuales y la violación de derechos humanos no tienen ningún beneficio.
Ante esta situación de vulnerabilidad de los periodistas y medios venezolanos seguimos en la ruta planteada por María Corina Machado desde Vente Venezuela que propone como única alternativa conformar “una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela, para liberarlas de las mafias que la controlan.