(Barinas. 11/05/2021) En el campo del derecho se conoce la denominada doctrina del fruto del árbol envenenado expresada en una elemental formula teórica a decir que, todo acto emanado de algún otro acto viciado de ilegitimidad será nulo, teniendo un ejemplo en aquellos casos en los que se pretenda hacer valer una determinada prueba obtenida en vulneración de la garantía del debido proceso. De manera bastante sencilla cabe decir que el debido proceso consiste en realizar actos jurídicos ajustados a la normativa preestablecida en atención a sus fines, es decir, la norma garantiza que los actos en derecho necesariamente tienen que ser justos, en beneficio del común de la gente y brindar seguridad a todos los vinculados.
Es aquí donde la ley crea el control de los actos a través de los órganos garantes de la legalidad, procurando que la actividad desarrollada dentro de un determinado proceso sea válida. Algunos pudieran decir, de manera escéptica, que eso suena muy bonito o que se trata de letra muerta. A tales escepticismos se le responde diciendo que uno de los elementos sustanciales del espíritu, propósito y razón de la ley consiste en la esencial necesidad del ser humano en imponer la racionalidad por encima de la barbarie de quienes, a pesar de los siglos de civilización, sobre todo, del hemisferio occidental, no han salido del troglodita hombre de las cavernas que aún llevan por dentro.
En tal sentido, el deber ser y el debido proceso, constituyen importantísimas realizaciones alcanzadas por la ciudadanía en el devenir de siglos a través de los cuales la racionalidad fue venciendo la brutalidad de caudillos, tiranos y criminales quienes aún y, a pesar del tiempo se empeñan en imponer su irracionalidad llevándose por delante con brutal violencia la civilización lograda como patrimonio de la contemporaneidad.
Vislumbrando el porvenir, en algún momento en el tiempo, la gente, particularmente la de este lado del mundo, se fue convenciendo que solo mediante criterios de racionalidad, innata en la naturaleza humana, se podría conseguir la anhelada convivencia tan necesaria con motivo de la aglomeración de centros urbanos demandantes de bienes y servicios indispensables. De este modo, con base a la experiencia, este ser racional recurrió al conocimiento acumulado, mejoró y perfeccionó procesos en los campos del saber hasta entonces explorados, desarrolla ciencias poniéndolas a la orden de lo que vendría a ser «la ciudadanía» organizada con el ser humano como individuo libre y eje de la razón del todo en el conglomerado de donde, se desprenden los fundamentos del desarrollo humano garantizado mediante leyes que en el edificio social sostienen el equilibrio entre ciudadanía y el Estado amalgamados con el pegamento de la voluntad intencional y consciente de valores y principios éticos en tanto que imperativos categóricos en la racionalidad.
En este estado, se llegó a la confección y acuerdo de voluntades en reconocer y establecer la aplicación del probado sistema democrático como mejor fórmula para tales fines. Por supuesto, que los trogloditas de todos los tiempos siempre estarían al acecho, disfrazados y mimetizados de demócratas, buscando la oportunidad de asaltar el poder para destrozar los principios y valores del deber ser y los procesos debidos, de modo que, llegado el momento y como tales asaltantes, arrasan con las instituciones fundadas mediante la racionalidad científica del derecho, generando caos.
De este modo, y en medio de dicho caos, el caldo de cultivo para la ilegalidad y en consecuencia la ilegitimidad está garantizado, a tal punto que, actores que se dicen estar del lado de la ley y el orden se enrolan en el caos haciéndose irracionales con los irracionales a voluntad plena e intencional, haciendo y pretendiendo que la ciudadanía apruebe los actos ilegítimos como legítimos acompañándolos en la ingesta del fruto envenenado proveniente del árbol envenenado.
En orden a lo anterior, es público y notorio que desde los inicios del régimen que aquí nos trae desde el año 1999, en Venezuela se han suscitado una serie de actos ilegítimos, teniendo sus más recientes expresiones en la instalación de la asamblea nacional irreconocida, precisamente, por su ilegitimidad, por parte de un amplio sector del mundo civilizado y con ello, el reciente acto de designación de un consejo nacional electoral ergo ilegitimo en atención a lo supra expuesto, a decir que la espuria asamblea nacional a modo de árbol envenenado pretende dar como fruto a un consejo nacional electoral en consecuencia envenenado. Ahora bien, dicho esto: ¿quién se atreve a comer ese fruto?
Asdrúbal Romero Silva
@AsdrubalRomer16
Coordinador Estadal de Formación de Cuadros de Vente Venezuela en Barinas