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El Arco Minero fue creado el 24 de febrero de 2016 como parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional  (AMO), contemplando una extensión de 111.843,70 km2 (12% del territorio nacional), el equivalente al tamaño de toda Honduras y mucho más grande que Portugal o Panamá y en la actualidad incluye todo el estado Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, lo que ha ampliado su extensión hoy día, a 458. 345km2; es decir, el 47,43% del territorio nacional. 

La explotación indiscriminada y descarada promovida en el 2016 por quienes ostentan el poder en Venezuela, le abrió las puertas a concesiones extranjeras y nacionales para que abiertamente explotaran legalmente una región rica en recursos minerales con más de siete mil (7000) toneladas de reservas en oro, diamantes, cobre, bauxita, hierro y coltán.

En la creación de la AMO se obviaron los procedimientos y las normativas ambientales pertinentes, como la evaluación ambiental previa o Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural obligatoria para toda explotación minera,  que  considera  aspectos físico naturales, socioeconómicos y de ingeniería, desde su fase conceptual hasta el proceso de seguimiento y supervisión ambiental, tal cual se contempla en el decreto 1257 relativo a las “Normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente”, al igual que no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas, como demanda la Constitución, tomando un carácter de exterminio, porque afecta a los ancestrales pueblos indígenas como Inga, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako y Pemón, que representan solo en el Estado Bolívar, 198 comunidades indígenas. 

De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela, lo cual “atenta contra el derecho humano a un ambiente sano” y lesiona “derechos de pueblos indígenas”, mientras reafirma una “política desarrollista donde no importan la vida humana y la naturaleza”.

Esta explotación de muerte, lleva consigo cambios en la cobertura vegetal, con acentuadas actividades de deforestación que abarcan la destrucción de 110 mil kilómetros cuadrados de bosques, cambios en el curso de los ríos, así como en su calidad del agua, aumento de las emisiones de contaminantes para la atmósfera, el agua, el suelo y el subsuelo, contaminación de las especies y su extinción. La mayor tragedia silente es la producida por la contaminación del mercurio, sustancia empleada para la obtención del oro que luego es desechada a los suelos y ríos, produciendo graves efectos nocivos, especialmente en la fauna de los ríos y en sus pobladores, que dependen del agua para sus procesos, donde el mercurio es incorporado finalmente a sus organismos con efectos irreversibles sobre su salud, además de enfrentar sus pobladores una profunda crisis y descomposición social aunada a la pérdida de soberanía y gobernabilidad del país, con presencia de todo tipo de irregulares que se han adueñado de la región,  con la aceptación de las autoridades que participan del botín y la explotación ilegal.   

Las repercusiones indirectas al resto del país, no se han  hecho esperar, con impactos en la economía y recursos, con graves sequías –traducida en falta de agua y dramáticos cortes eléctricos –, fenómeno que se acrecienta con la deforestación y que por tanto, puede llegar a tener dimensiones catastróficas, que tocaran el planeta entero, por la deforestación que afecta la crisis climática y la eliminación de sus etnias nativas que aminora la biodiversidad de la especie humana y seres vivos en el planeta. 

Es indispensable recordar que la salud de los ecosistemas y de sus habitantes, que contempla todos los seres vivos, así como los derechos humanos, siempre debe ser más importante que los intereses económicos de cualquiera. Venezuela tiene muchos otros recursos que pueden ser explotados de una manera sostenible, entonces alcemos nuestra voz de protesta, indignación y repudio ante esta vil acción de explotación macabra, no nos quedemos impávidos porque seremos reconocidos por las generaciones venideras como cómplices del país que contribuyo a quitarle oxígeno y parte de un futuro con desarrollo sostenible al planeta. 

 

Dra. María Nela Vera
Comisionada Nacional de Ambiente Vente  Venezuela

 @nelaveradiaz