Los derechos humanos proclamados en la declaración universal de 1948, se corresponden con los denominados derechos de primera y segunda generación (derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales respectivamente). Posteriormente, ante los nuevos acontecimientos, necesidades y exigencias sociales, surgen los derechos de tercera generación o derechos de la solidaridad, que junto al derecho a la paz, a la calidad de vida, al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos y la progresiva degradación del ambiente, aflora el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado.
El derecho a tener un ambiente sano, además de tener características de ser un derecho interdependiente, indivisible y de solidaridad, tiene un carácter de responsabilidad colectiva para su realización, pues requiere de todos y cada uno de nosotros para materializarse y dejar de ser una mera filosofía. Hay que resaltar que el ambiente es condición sine qua non para la existencia del hombre, pues sin condiciones ambientales adecuadas, no podemos sobrevivir, careciendo de sentido los demás derechos.
El derecho a un ambiente sano, consolida la solidaridad intergeneracional o los derechos de las generaciones futuras como derechos a las personas que no han nacido, a través de la garantía de la disminución de la pobreza y el pleno desarrollo, ya que estos factores están ligados íntimamente con el ambiente. Asimismo, un ambiente sano y adecuado, está interconectado con el derecho a la vida y el derecho a la salud. Ninguna duda cabe, de que el ambiente debe ser protegido y debe importarnos, adoptando una postura de reconocer al ambiente como parte básica de un desarrollo sostenible que interconecta a la sociedad, el desarrollo económico y el ambiente, elementos todos imprescindibles e interdependientes.
A pesar de todos los esfuerzos que se están realizando a nivel mundial por garantizar el disfrute de un ambiente sano, en Venezuela ha ocurrido todo lo contrario, pues, se evidencia un intenso y continuo deterioro ambiental, ya que no se está garantizando un ambiente sano para el disfrute de nosotros los venezolanos, a pesar de estar contemplado como mandato en nuestra legitima constitución; por el contrario, tenemos un severo déficit en el suministro de agua, la degradación de las cuencas, el deterioro de los sistemas de distribución, la ineficiente recolección de los desechos sólidos, el desabastecimiento de gas, la actividad minera sin control, la opacidad informativa y la falta de planes para mitigar el cambio climático, son algunos de los elementos que acentúan la violación de nuestros derechos a disfrutar de un ambiente sano, siendo el Estado venezolano el máximo violador de este derecho al no tener políticas para articular la sostenibilidad ambiental, la economía y el desarrollo social, al igual de no promover programas o acciones sistemáticas para las actividades prioritarias en el país como la producción petrolera, energética, agrícola, industrial o minera.
Esto le otorga al Estado venezolano, una acción contraria a los compromisos nacionales de los gobiernos ante el mundo y un desempeño irresponsable, especialmente con cartas de presentación como la promoción del extractivismo minero que ha contribuido a la deforestación de bosques y contaminación de aguas con potentes tóxicos como el mercurio. Es indudable que el deterioro ambiental es una pieza clave en la promoción de la emergencia humanitaria compleja que está afectando a nuestro país, y se convierte en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, información, participación, desarrollo y ambiente sano, entre otros.
Dra. María Nela Vera
Comisionada Nacional de Ambiente Vente Venezuela