Es necesario decirlo de un modo directo y tajante: si no fuese por la sociedad civil organizada, el problema del Esequibo hubiese perdido importancia, jerarquía y significado. Mientras al poder establecido le importó un bledo (desde el instante mismo de su ascenso, respondiendo por inercia a una Política de Estado que heredó hasta destruirla) diferentes entidades de la llamada sociedad intermedia, mantuvieron viva una justa causa histórica, incluyendo la propia vivencia en tierras esequibanas.
Disculpándonos por cierto tono personal, con la arbitraria destitución administrativa de la otrora diputada María Corina Machado, quien planteó sostenidamente el problema y organizó principalmente el inédito viaje de los parlamentarios allende el río Cuyuní en 2013, prácticamente la materia quedó desierta con la salvedad de algunas voces que la mantuvimos en pie, forzando la comparecencia de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, para un largo e inútil monólogo, como el de 2015.
Todo lo anterior fue unido al Proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica, promoviendo además el de la “Estadidad esequibana” así como también la reforma parcial a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. No obtuvimos éxito alguno, debido, principalmente, al control oficialista de la cámara.
Después de los comicios del 6-D, persistimos en el asunto y todo fue posible por la decidida y desprendida cooperación de los sectores académicos, profesionales y activistas, mediante numerosas jornadas de trabajo. Hubo especialistas y organizaciones sin cupo disponible en la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, las cuales sin embargo, debemos decirlo con franqueza, ayudaron a la elaboración permanente de una respuesta que nos llevó, por ejemplo, al esfuerzo editorial, reflejado en el libro La cuestión Esequibo, publicado por la Universidad Metropolitana y propulsado fundamentalmente por insignes profesores de la Universidad Simón Bolívar.
Por otra parte, el Instituto de Estudios Fronterizos (IVEF), ONSA y, ahora, el Consejo Venezolino de Relaciones Internacionales (COVRI), ofrecen el testimonio de un trabajo de cooperación extraordinaria para la comprensión y resolución del problema. Evidentemente, la situación contrasta con una cancillería desprofesionalizada que no tiene el menor gesto de humildad para solicitar la oportuna orientación de los expertos, como – de un modo u otro – lo han tenido partidos como Vente Venezuela y la Fracción 16 de Julio, los cuales jamás ha improvisado sus posturas en este u otro ámbito.
La propuesta de declaratoria de inaplicabilidad, a propósito de la remisión del caso esequibano a la Corte Internacional de Justicia por el Secretario General de las Naciones Unidas, está planteada por la Fracción 16 de Julio en correspondencia con las entidades citadas. Ilustra la necesidad y posibilidad de un reencuentro con la ciudadanía que, en el caso concreto del Esequibo, ha mantenido en pie el asunto, en medio de las más duras circunstancias.
Twitter: @LuisBarraganJ