Nada casual, la dictadura le ha abierto un juicio militar a Rubén González, líder obrero y, además, guayanés. Que sepamos, los cargos hablan de ataque y ultraje al centinela y a la propia Fuerza Armada, aunque, en definitiva, como tuvimos ocasión de expresarlo en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, a propósito de hechos semejantes ocurridos en el estado Carabobo, el esfuerzo es el de atajar y dirimir la lógica conflictividad social y económica, pretendiendo simplificar y ahogar la políticamente, con el empleo de la jurisdicción castrense.
Cierto, no es la primera vez que ocurre a lo largo de nuestro historial republicano, pero no menos cierto es que, afortunadamente, la tendencia fue la de corregir el abuso, elevando el costo político ante cualquier tentación de emplear indebidamente los tribunales militares. El constituyente de 1999, recogió, confirmó y consolidó una noción que ya estaba avalada, al menos, por dos décadas de una intensa discusión y lograda rectificación.
Revisando la vieja prensa a la mano, aún en los años de la insurrección evidentemente armada de la década de los sesenta del siglo pasado, sujeta también a confusiones, no tardaba en levantarse la polémica que arrojaba también sus frutos. Empleando el sentido común, escribía Guillermo Meneses: “Los juicios militares, por ejemplo, constituyen una calamidad para el encausado civil, entre otras razones, porque lo enredan con otros casos que no pueden equipararse al suyo propio. Ni siquiera es imprescindible examinar por lo menudo estos asuntos. Parece claro que el ciudadano extraño al ejército, se le coloca en situación bastante extraña cuando se le juzga como si fuese militar”.
El reporte noticioso versa sobre la aprehensión e incomunicación de Rubén, en La Pica, esposado de pies y manos toda la noche del primer día, imposibilitada la más modesta visita de algún parlamentario para constatar las condiciones en las que se encuentra, tal como propuso hacerlo el diputado Juan Carlos Bolívar de la Fracción 16 de Julio, recientemente, en la Asamblea Nacional. Y, si no recordamos mal, incluso, el nombre, a la periodista Xiomara Barreto, se le observa conducida a un tribunal militar con absoluto respeto, normalmente vestida y – por lo demás – declarativa, como visitada en su lugar de reclusión, en una primera plana de la prensa de finales de los setenta; o respecto de la periodista María Eugenia Díaz, principiando los ochenta, no se supo de tortura alguna, e, igual, por la decidida actuación del Congreso y – aún más – de los medios de comunicación social que existían, como no ocurre ahora, fue luego corregido el entuerto y el caso sentó un extraordinario precedente.
Otro ejemplo, el de Richard Izarra, imputado por injuria gracias a un texto periodístico publicado por un semanario de ultraizquierda, fue destinado al Cuartel San Carlos, tras el auto de detención, respetando su integridad personal. E, incluso, vale el ejercicio, liberado poco tiempo después, salvando las distancias, quizá pueda asegurarse que los alegatos esgrimidos por la defensa del señor Izarra por muy jurídicos y hasta irrefutablemente jurídicos que fuesen, serían inútiles para Rubén, hoy. Esto es, para Maduro, la salsa que es buena para la pava, nunca lo será para el pavo.
@LUISBARRAGANJ