Una población entera es víctima desde hace 20 años del socialismo, un proyecto que durante todo el siglo XX intentó penetrar las entrañas de Venezuela bajo diversos nombres y formas políticas. Hace dos décadas se consumó la instalación de esta ideología criminal, tomando el Palacio de Miraflores como centro de operaciones, y como fuente de sustento corrompió todos los organismos e instituciones de la República. Desde entonces, ha sido todo un éxito los objetivos que se plantearon desde Cuba los hermanos Castro; números catastróficos nunca vistos en los anales históricos de Venezuela, una lista de crímenes que convierte a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los más soeces y mortíferos del hemisferio occidental.
En 20 años son pocos quienes pueden aseverar no haber sido víctima del socialismo; robos, colas, inflación, secuestros, asesinatos, separación familiar, etc. Destacando los datos más insignes en 20 años de socialismo: 333.029 muertes por la delincuencia (Briceño León, 2019), en constante ascenso desde 1999; más de 140.000 personas con cáncer no se les garantiza quimioterapias, así como más de 300.000 personas con condiciones cardíacas severas han visto reducidas sus posibilidades de sobrevivir por ausencia de tratamiento (Codevida et al, 2018; El Mercurio, 2019), la corrupción en el Sistema Público de Salud dejó a todo un país sin medicinas.
Más de 25.000 personas han fallecido por hambre y desnutrición, en su mayoría niños y unas 2 millones padecen desnutrición severa con daños irreversibles (Ciudadanía en Acción, 2019); más de 300 ciudadanos han sido asesinados por rebelarse ante el régimen criminal exigiendo libertad; la tiranía usa las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a manifestantes; además, armaron grupos paramilitares que generan terror en cada sector popular de la Gran Caracas y el resto de Venezuela.
Consecuencia de la rebeldía ciudadana, actualmente hay 775 presos políticos por capricho del régimen, con un acumulado de 14.655 personas que han sido arrestadas por las fuerzas del régimen (Foro Penal, 2019); dramático también es los 3.4 millones de venezolanos migrantes (OIM, 2019 y ACNUR, 2019) que hoy están por todo el mundo huyendo de la barbarie socialista, cientos de miles de familias separadas.
Los venezolanos han hecho todo para ponerle punto final a la tiranía, elecciones, marchas, protestas, han soportado diálogos no autorizados por la ciudadanía, y en todos han sido abofeteados por el régimen y grupos colaboracionistas que han prolongado la vida de las mafias y la agonía de Venezuela.
A pesar de ello, el espíritu libertario de los venezolanos es inquebrantable, y todo esto ha permitido que los ciudadanos estén plenamente conscientes del siguiente nivel que se debe asumir para para acabar con el complejo sistema de mafias que mantiene secuestrada a toda una nación.
Es en definitiva, una red criminal que opera con narcotráfico, son su fuente de financiamiento; guerrillas como el ELN y FARC que han tomado toda la frontera sur de Venezuela, representan un peligro inminente, que de no solucionarse pudieran apoderarse definitivamente de parte del territorio venezolano; terrorismo internacional, el régimen ha permitido el resguardo y asentamiento de elementos terroristas de ISIS, HAMÁS; HEZBOLLAH en el país; no se puede dejar atrás las incursión de funcionarios de la inteligencia cubana y rusa en la FAN.
Es así que los venezolanos entendieron que la lucha por la libertad se convirtió en un problema más allá de las fronteras, trasnacional; también lo ha entendido la comunidad internacional. No fue un proceso fácil, pero asimilado por las partes involucradas; de ahí que no es irracional, absurdo y mucho menos prematuro hablar de una acción militar humanitaria para restituir el hilo constitucional en Venezuela, permitir el paso de ayuda humanitaria real y la cooperación multilateral para la reconstrucción del país; todo esto está enmarcado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por Venezuela.
Sí, es una intervención lo que se pide, una intervención militar humanitaria, y no puede haber complejos al hablar de ello, porque en Venezuela se vive una guerra no convencional contra los ciudadanos.
En Venezuela no solo están dadas las condiciones para intervenir militarmente, sino que son los ciudadanos quienes lo solicitan, primeramente, a la Asamblea Nacional; pues dentro de sus competencias detalladas en el Artículo 187 de la Constitución venezolana, se especifica en el ordinal 11, la potestad de esta para solicitar el empleo de misiones militares extranjeras en el territorio nacional.
En virtud a esta legítima solicitud, la alianza Soy Venezuela junto a Vente Venezuela, el 19 de febrero daban las primeras luces sobre esto, hacían un exhorto a la Asamblea Nacional a ejecutar las gestiones pertinentes para la activación de este artículo, y de igual manera se dirigían a la comunidad internacional para la aplicación del principio de responsabilidad de proteger de la ONU (2005), y así evitar la emulación de historias como la de Ruanda y Kosovo, aunque en Venezuela ya ocurre un crimen de dimensiones calamitosas.
En atención a lo anterior, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, el 26 de febrero introdujo ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de acuerdo para activar el artículo 187, ordinal 11 y exigir a la comunidad internacional asuma la responsabilidad adquirida en 2005 para proteger a las poblaciones de crímenes de guerra, exterminio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, que hoy ocurren en Venezuela.
Entonces, si las condiciones están dadas, si la población lo solicita, si la comunidad internacional dice que está dispuesta a todo por Venezuela, ¿Qué espera el parlamento? ¿Más muertos, más heridos, más presos políticos, más migrantes, más familias separadas? ¡Pues no!, no debe haber ni uno más, se necesita una intervención para mantener a salvo a más de 30 millones de venezolanos, y seguro a todo un continente. El momento es ahora.