(Caracas. 17/06/2019) Desde que se hizo el nombramiento del Procurador Especial, en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, ha circulado la propuesta de hacerlo también con un Contralor. E, incluso, hay quienes han lidiado el suyo para toda suerte de responsabilidades en la encargaduría presidencial, añadiendo consulados y quién sabe si hasta jefaturas civiles.
Hemos tenido reservas con las asignaciones presuntamente colegiadas de una encargaduría que lo es, con las limitaciones del caso. Algo distinto es la efectiva constitución de un Gobierno de Transición que, por cierto, estatutariamente dependerá del cese de la usurpación, o lo que se tenga por tal.
Valga acotar que para situaciones tan variadas como imprevistas, luce inútil indagar sobre la voluntad del legislador, la escolar tarea de todo aquel que busque una acertada interpretación de las normas. Simplemente, no hubo el debate, amplio y necesario, en la cámara.
Recientemente, ha aparecido una versión periodística en torno al dudoso manejo de los recursos dispuestos por sectores opositores en la vecina Colombia, siendo tan natural y sensato que se abra una investigación al respecto, aunque las plañideras de Oslo beatamente reclaman una mayor atención para síes, desestimando la denuncia en cuestión. Es más, denuncia concebida como parte de una obscura y gigantesca confabulación de los extremistas que pocos entienden de sus habilidades negociadoras con la dictadura.
La denuncia en cuestión parece justificar la creación de una Contraloría Especial que, además, constate cualesquiera diligencias hechas por otros funcionarios de la encargaduría en el exterior, como en las empresas del Estado. Y sólo parece, porque dudamos que pueda desplegar un organismo tan transitorio, las capacidades técnicas indispensables para afrontar casos que dependen del manejo directo y exclusivo de partidos o corrientes internas de partidos que ni siquiera se sienten en el deber de informar a los socios de la unidad en relación a las actividades y recursos captados en nombre de la más amplia oposición.
Estamos absolutamente de acuerdo con la investigación que adelantará el representante diplomático en Colombia, fundado – señaló Calderón Berti – en sendos informes de inteligencia que la justifican. Empero, el asunto no releva a la oposición misma de adoptar los mecanismos indispensables para transparentarse ante el país y el mundo que de buena fe aporta a nuestros esfuerzos de liberación.
Tenemos una inmensa responsabilidad por delante, por lo que, antes de inventar algún artefacto institucional de esta transitoriedad que, por lo demás, se prolonga demasiado, es necesario dar un radical testimonio de honradez. Es lo menos que espera un país saqueado por la dictadura socialista, además.
@LuisBarraganJ