(Maracay. 19/06/2019) La deontología es un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. En este sentido, lo habitual es que ciertas profesiones cuenten con un código deontológico, que es una especie de manual que recopila las obligaciones morales que tienen que respetar aquéllos que ejercen un trabajo, por lo que es importante destacar que analiza los deberes internos del individuo, es decir, aquello que debe hacer o evitar según lo que dicta su conciencia, por otra parte, los valores compartidos y aceptados por la ética son recogidos por estos códigos.
En tal sentido, los elementos característicos que contiene nuestra Carta Magna Venezolana de 1999 en relación a la deontología, es que en ella se puede contemplar la amplitud en la protección los derechos humanos, civiles, militares y sobre todo, como debe ser la participación de los ciudadanos en la vida política del país, así como la igualdad de géneros y la no discriminación, basándose en la importancia de un compromiso real, moral y ético para defensa de estos derechos que son violentados por un grupo de políticos que por intereses particulares y partidistas han permitido un régimen criminal que tiene secuestrada a Venezuela y por consiguiente que estas mafias se mantengan en el poder.
En este mismo orden de ideas, el artículo 3 de la Constitución de Venezuela menciona que es esencial la defensa del desarrollo de las personas y el respeto a su dignidad, así como la promoción de la prosperidad y la garantía del cumplimiento de los principios, lo que quiere decir, que el estado, representado en cualquiera de sus instituciones tiene como fines esenciales proteger a los ciudadanos, fortaleciendo la construcción de una sociedad justa y prospera, siendo la Educación y el trabajo los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines donde resaltan valores éticos y morales.
De tal manera, se infiere que en vista de la situación de los poderes usurpados por Maduro y sus mafias, es necesario contar con el único órgano público legal, vigente y con suficientes atribuciones para cumplir el mandato constitucional de proteger a todos los ciudadanos venezolanos, es decir, la Asamblea Nacional, que está conformada por diputados que entre sus obligaciones según el artículo 197 de la constitución, están obligados a dedicarse de manera exclusiva en beneficio e intereses de los ciudadanos, por lo que estos asambleístas deben basar sus principios en el bien común, el desarrollo y el bienestar de sus representados.
Sin embargo, en muchas sesiones de la Asamblea Nacional hemos notado como los intereses económicos, partidistas y particulares han podido llevar la batuta dejando a un lado la moral y el compromiso dictado por la ley para salvar la vida de muchos venezolanos enfermos, hambrientos y abandonados, entre ellos niños, que no tienen responsabilidad alguna de aquellos adultos que en un determinado momento escogieron la opción chavista. Así mismo, el descaro de muchos diputados que prefieren soslayar opciones como el artículo 187.11, la responsabilidad de proteger (R2P), el Roldós y en las últimas sesiones el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR).
En este mismo orden de ideas, la situación recientemente suscitada en Colombia con respecto a la supuesta malversación de fondos de la ayuda humanitaria, que nos dejan muy mal parados a los venezolanos a nivel internacional, poniendo en entre dicho nuestros principios, nuestros valores, nuestra moral y nuestro compromiso con nuestros conciudadanos e incluso con nosotros mismos, hace necesario que todos los ciudadanos exijamos al Presidente encargado Juan Guaidó el cese definitivo de la usurpación según lo establecido en el artículo 233 de la constitución y solicitar que deje a un lado la postura de una campaña política inoficiosa que no aporta soluciones.
Por lo tanto, hay que entender que la corrupción debe acabar, que los acuerdos partidista que aun siguen haciendo daño deben acabar, que los interés económicos particulares deben acabar y que es el momento de tomar decisiones firmes basados en el respeto a nuestra nación, a nuestros conciudadanos y a nuestras familias, pues el cese de la usurpación debe ser ya y debe ser ejecutado de manera firme, contundente y sin titubeos porque no hay vuelta atrás.
@Jhonny326Lara