(Caracas. 17/09/2019) Digamos, hay una sociología, o mejor, sociología política de la legítima e histórica reclamación. Por lo pronto, respecto a Venezuela, parece útil distinguir entre el tiempo de suscripción del Acuerdo de Ginebra (1966) y el actual, en el que Guyana pretende desconocerlo (2019); nos referiremos, al menos, a cinco renglones.
Respecto a la opinión pública, en 1966 la hubo activa y politemática, alcanzando también una profundidad de planteamientos que contaba con un importante visado para competir con otros problemas, como el de la insurrección armada, la política petrolera, la reforma tributaria o las vicisitudes de la alianza gubernamental. Para 2019 una calculada y paradójica saturación noticiosa del régimen desemboca en una aldea monotemática; y, bajo el rigor de la censura, el Esequibo tiende a reducirse a una consigna de ocasión, banalizado el problema a los fines e intereses del oficialismo.
Antes la Cancillería le daba también un extraordinario soporte profesional al consenso manifestado en el contradictorio parlamentario, naturalmente plural y polémico. Hoy el órgano ministerial, además, usurpado, afectado por su creciente desprofesionalización, apuesta por una imposible autosuficiencia que es sólo caricaturización de un sectarismo estéril.
En el siglo XX, las Fuerzas Armadas eran una efectiva y coherente expresión del Estado, lucían interiormente cohesionadas, exponentes de una importante experiencia en la lucha antiguerrillera, celosas de nuestra integridad territorial. Los avatares del socialismo, enfermado el propio Estado, alcanzan a la Fuerza Armada que está asociada inconstitucionalmente a una conducción política que aspira a evadir sus intransferibles responsabilidades sobre la suerte del Esequibo y la Fachada Atlántica.
Antaño el Acuerdo de Ginebra prometió una regularización de la posesión de hecho del territorio reclamado, todavía intacto medioambientalmente y, a pesar de las dificultades, con habitantes que aspiraban a la nacionalidad venezolana. Hogaño, la zona experimenta una abusiva explotación de sus recursos naturales, otorgadas las concesiones en forma arbitraria, con comunidades desamparadas y desesperadas por la criminalidad y las enfermedades.
Hacia 1966, estaba muy lejos Guyana de la ilusión petrolera, mientras nuestra principal industria contaba con un extraordinario empuje y fortaleza. Para 2019, simplemente, los términos se han invertido.
Condiciones y situaciones que determinaban el rol del liderazgo político y el concurso de los sectores académicos, en la tarea común de defender el territorio esequibano. Implicaba una distinta estructuración y organización de los esfuerzos que, al tener por principal tribuna a la opinión pública, igualmente implicaba un costo político para las posturas erradas, las omisiones y la propia narrativa empleada: ahora, huelgan los comentarios.
Luis Barragán