Caracas, 07 de noviembre de 2019
Señor Presidente
Ing. Juan Guaidó,
y demás miembros de la
Asamblea Nacional
Palacio Federal Legislativo
Caracas. –
Señor Presidente:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en la oportunidad de presentar las observaciones y razones que la Fracción 16 de Julio tiene respecto al contenido, intención y propósito del “Nombramiento de la Comisión Preliminar encargada de designar el Comité de Postulaciones Electorales” decidido y aprobado en Caracas a los cinco días del mes de noviembre de 2019. Al respecto nos vemos en la obligación de plantear lo siguiente:
- Ratificamos y reconocemos la legitimidad de la Asamblea Nacional electa democráticamente el 06 de diciembre del 2015, y de sus actos legislativos tendentes a la denuncia de la tiranía y el cese de la usurpación. Pero estamos conscientes de que tanto la legitimidad como la validez de sus actos legislativos tienen como exigencia el apego a la ley y el compromiso asumido con el país para lograr el cese de la usurpación, como primer tramo de la ruta de la liberación del país.
- Hemos dicho en consideraciones anteriores que, debido a la usurpación totalitaria del régimen encabezado por Nicolás Maduro, nos vemos en la obligación constitucional de calificar todas las iniciativas del régimen usurpador, en cualquiera de sus manifestaciones, como írritas y de efectos nulos. Por lo tanto, es imposible reconocerlos como contraparte legítima en ningún proceso o iniciativa institucional, tanto en el parlamento como en cualquier otro espacio político.
- Reconocemos y reclamamos que se asuma la responsabilidad política de esta Asamblea Nacional al no haber decidido un nuevo Consejo Nacional Electoral, y tampoco al haber completado las gestiones necesarias para designar el resto de los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en términos de oportunidad y conveniencia política. Ahora, cuando es demasiado tarde, cuando no están dadas las condiciones, y cuando lo que se está haciendo representa una ruptura con el Estatuto que rige la transición, lo que debió haber sido un esfuerzo político para superar la usurpación se ha convertido en una trama inaceptable de colaboración, mutuo reconocimiento y connivencia entre los usurpadores y quienes deberían hacer todo lo posible para sacarlos del poder.
- Por esa razón fundamental es que no podemos convalidar lo que ocurrió en la sesión del 5 de noviembre de 2019 cuando se aprobó una Comisión Preliminar encargada de designar el Comité de Postulaciones para constituir un nuevo Consejo Supremo Electoral con la participación del autodenominado “bloque de la patria”.
- En su momento advertimos que cualquier incorporación del grupo de exparlamentarios leales al socialismo del siglo XXI debía ser calificado por la Cámara para cumplir lo previsto en el artículo 187.20 de la Constitución vigente. Nosotros sostenemos que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 191 y 197 constitucionales ellos ya no son diputados, y por lo consiguiente, es inaceptable su regreso a las sesiones, su participación en las comisiones, y que sean tratados como contraparte legitimada de un régimen usurpador que ha depredado la institución parlamentaria y desconocido los fueros de los parlamentarios. Sin embargo, en lugar de actuar con dignidad republicana y coraje democrático, lo que ocurrió es que los expoliadores de nuestra democracia fueron recibidos con aplausos e indebida complacencia como parte de un pacto implícito para dar la apariencia de normalizar el país y permitir la permanencia del régimen usurpador en el poder. Nosotros no podemos cohonestar esta estrategia de capitulación política que deja sin efectos el espíritu y propósito del Estatuto que rige la presidencia interina.
- La Fracción 16J en ningún momento ha reconocido al autodenominado “bloque de la patria” como parte legítima de la asamblea nacional, y debemos decir que ellos tampoco nos reconocen a nosotros ni a la junta directiva como poder legítimo, porque siguen insistiendo en el “desacato” como medida de presión y chantaje a la legalidad de las decisiones emanadas del cuerpo. Actuar en el marco de la extorsión política no permite cumplir con los mínimos requisitos para validar el desempeño de este parlamento.
- Desde la indebida e ilegal reincorporación del autodenominado “bloque de la Patria” las sesiones se han envilecido, la agenda se ha deteriorado aun más y las exigencias de dignidad y probidad republicanas han sido sustituidas por acuerdos extraparlamentarios que luego se presentan a la sesión como hechos cumplidos, allanando de esta manera el debate y evitando el contraste con las bancadas que piensan de manera diferente. El país luce secuestrado por esas negociaciones ilegítimas que se están llevando a cabo y que nos condenan a perder el único poder legítimo con el que cuenta el país.
- Por esas razones nos parece inexplicable e inaceptable que la junta directiva haya venido convalidando un sistema de connivencia y cohabitación que nosotros hemos denunciado con preocupación porque significa la violación del espíritu, propósito y razón del Estatuto que rige la transición. No objetamos solamente la constitución de una comisión con quienes dejaron de ser parte del parlamento. También repudiamos que estas sean las señales del parlamento: Dejar sin efecto el Estatuto de la Transición que fue aprobado y comprometido con el país y los ciudadanos con el fin de hacer todo lo posible para que cesara cuanto antes un régimen usurpador cuyas expresiones institucionales más abyectas son la vigencia de una asamblea constituyente espuria y un poder ejecutivo de facto que rige totalitariamente sobre un país maltratado y sometido a la violencia política, económica y social.
- Este acuerdo de constituir esa comisión preliminar demuestra que ya no está vigente el compromiso con el país de luchar contra la usurpación y que los ciudadanos nuevamente han visto como se traicionan sus esperanzas de liberación. No es solamente un error parlamentario sino la entrega de las banderas de libertad y restauración republicana que nos fueron encomendadas el 23 de enero del 2019, que ahora son sustituidas por lo acordado en la oscuridad de la mesa de Barbados.
- Ni nosotros ni la opinión pública pueden comprender que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los dirigentes de los partidos políticos del llamado G4, a saber, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, en conjunto con expresiones minoritarias que gravitan alrededor de ellos, estén cambiando la primacía del cese de la usurpación por una trama de acuerdos indebidos que han sido pactados a espaldas del país, y cuyos únicos resultados predecibles son que el régimen seguirá en el poder, gracias a que esa oposición seguirá colaborando dócilmente desde los espacios a los que se vean reducidos para que nada cambie.
- La Fracción 16J ha señalado en muchas oportunidades que el cese de la usurpación es un compromiso de honor asumido con todo el país para superar un ecosistema político de mafias enquistadas en el poder cuyo objetivo es el saqueo de los recursos del país y someter a la servidumbre a los ciudadanos. Que no hay pacto de convivencia posible con quienes persiguen, reprimen, expolian y violan la ley. Que esta cohabitación insulta a los dirigentes políticos presos y exiliados. Pero sobre todas las cosas mancilla la dignidad de los ciudadanos que han entregado su vida, sus familias y su futuro a una lucha que para todos ellos es de vida o muerte. Esta decisión tomada por el parlamento es la puerta de entrada a un período de cohabitación y colaboración con el totalitarismo usurpador. Y eso nos parece imposible de convalidar.
- No es solamente que no se puede luchar contra la usurpación haciendo pactos con los usurpadores. Es mucho más. Cambiar los rectores del CNE dejando intactos el resto de los poderes públicos y manteniendo al ecosistema criminal que nos asola a todos es inexplicable, pero sobre todo, imposible de refrendar para quienes creemos que no hay otra alternativa digna y valiosa que seguir insistiendo en el cese de la usurpación hasta que recuperemos la legalidad republicana y restauremos la democracia. Y que en ese esfuerzo debería concentrarse todo el liderazgo del país para seguir contando con el respaldo internacional, ahora confundido con tantas contradicciones entre lo que se dice y se hace.
- Nadie puede creer que va a ser eficaz una ruta fragmentaria y desarticulada que comienza con elegir un CNE para realizar elecciones y posteriormente, en un momento aún indeterminado, se proceda a cambiar al resto de los poderes públicos. Esa oferta es engañosa. Los tiempos de este parlamento están limitados a un último período de sesiones, porque se ha acumulado tiempo perdido en agendas insustanciales. Lo que está realmente sobre la mesa es una ficción de normalización democrática a través de unas votaciones sin garantías suficientes, violando el sentido común y el estatuto previamente acordado.
- Asumimos y reclamamos que se respete lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto del 5 de febrero de 2019. Artículo 2. A efectos del presente Estatuto se entiende por transición el itinerario de democratización y reinstitucionalización que incluye las siguientes etapas: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres. Artículo 3. Los fines de la transición democrática son el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos.
- El Estatuto del 5 de Febrero del 2019 es taxativo en el itinerario y en sus fines. Nosotros seremos todo lo reiterativos que sea necesario y denunciamos nuevamente que esta comisión así nombrada, en este momento político, es un intento de deshonrar el estatuto que rige normativamente la transición para subordinarlo a una negociación írrita, inconsulta, inconveniente y fracasada. Reprobamos esa iniciativa y exhortamos a que se vuelva a lo previsto en el Estatuto. Corresponde al presidente Juan Guaidó honrar su juramento, atenerse a lo previsto, y a nosotros como Asamblea Nacional velar por la legalidad del proceso que se inició al invocar el 233 Constitucional. Si no lo hace, estamos en la obligación de reclamarlo como efectivamente lo estamos haciendo mediante el presente voto salvado.
- Exhortamos a la Asamblea Nacional al respeto pleno e irrestricto de la Constitución que defendemos y de la que se deriva nuestra legitimidad. Hacer cualquier otra cosa será vista como un desplante a las esperanzas que los ciudadanos nos confiaron.
Es todo.
Por la Fracción 16 de Julio.