En el año 1981, se inauguró en el estado Portuguesa, el Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA), con una capacidad para recluir a 750 detenidos. En la actualidad posee una población penal de aproximadamente 2.500 reclusos, lo que equivale al 230% por encima de dicha capacidad. Cabe destacar, que estas cifras solo representan estimaciones, pues no se cuenta –al menos de manera pública y accesible- con una data oficial de privados de libertad.
Una investigación adelantada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que una consecuencia de esta sobrepoblación es la dificultad para controlar los focos de operaciones delictuosas, internas y hacia el exterior; los ambientes desaseados que producen brotes de enfermedades endémicas como tuberculosis, escabiosis, micosis, gastroenteritis parasitarias, SIDA, otras de transmisión sexual y ahora, el COVID-19 es una guillotina pendiendo de la vida de los internos. Otro corolario es el marcado incremento de la violencia intramuros porque el hacinamiento afecta las relaciones entre los reclusos, acentúa sus diferencias culturales y de temperamento, además de permitir la infiltración de grupos violentos en virtud de la ausencia de políticas clasificatorias de presos. La administración directa de este Centro, así como los del resto del país está en manos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, desplazando a la autoridad judicial sobre materias atribuidas a sus competencias expresamente previstas en la ley, como la asignación de sitios de reclusión, autorización de traslados, medidas correctivas y disciplinarias a los detenidos, permisos de salida, revisión de medidas, otorgamientos y revocatorias de beneficios post penitenciarios, entre otros.
El 1°de mayo del corriente año se produjo en el área denominada “el Jumanji” del CEPELLA, un lamentable hecho, que vulnera todos los convenios y pactos sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela, adoptados en la legislación interna en materia de tratamiento penitenciario y privados de libertad. Ese día se generó un motín ocasionado por un “presunto intento de fuga”, dejando un saldo de 47 fallecidos y 75 lesionados; lo cual sugiere una absoluta inseguridad en las zonas interna y externa del Centro de reclusión.
Entre las causas que ha generado el dantesco escenario en ese sitio, se puede señalar la ineficiencia del Poder Judicial, en garantizar el acceso oportuno a la justicia, la falta de autonomía funcional e institucional, falta de preparación académica, lo que genera retardo procesal y decisiones injustas; así como injerencias del poder ejecutivo, sobre el sistema de justicia, entre otras cosas, en virtud de haber asumido, a través del Ministerio creado con competencia penitenciaria, funciones propias de los Tribunales de la República o bien, por destinarlo a ser su brazo político ejecutor.
Ahora bien, hablar de Justicia Liberal es erradicar para siempre estas prácticas pavorosas de las cárceles del país; es referirse a un poder judicial independiente, de cara a un gobierno respetuoso de la institucionalidad democrática en aplicación de una sincera separación de poderes públicos. Es la reducción de las competencias del Estado, limitándolo a funciones naturales como garantizar una justicia y seguridad eficientes, transparentes en la emisión de datos informativos sobre la gestión gubernamental, es proporcionar las avenidas adecuadas para que la sociedad civil, el sector empresarial y la academia puedan transitar hacia una participación activa en el diseño de las políticas judiciales, exigir una rendición de cuenta técnica y objetiva; fomentando una eficaz interacción entre uno y otro sector para resultados óptimos de vanguardia.
Una justicia liberal es respetuosa de las ideas expuestas por el maestro Elio Gómez Grillo, recogidas en la letra muerta del artículo 272 de la actual constitución, que informan sobre las políticas de privatización del servicio penitenciario, en vez de concentrarlo a través de leyes engañosas, que justifican ser administrado por un Ministerio diseñado como caballo de Troya, de donde brotan las más atroces e inhumanas acciones patrocinadoras del “pranato” y de la “furia bolivariana penitenciaria”.
Una Justicia Liberal respeta la meritocracia y el esfuerzo a la excelencia en la escogencia del personal judicial y de seguridad, así como del ente privado escogido bajo estrictas reglas de licitación, para prestar el servicio vinculado con los sitios de reclusión.
Una justicia Liberal como la que aspiramos estrenar en la tierra de gracia en la que convertiremos a Venezuela muy pronto, promueve la ética, la imparcialidad, la autonomía, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, el respeto por el ordenamiento vigente y a toda costa, sin distingo de colores políticos, persigue erradicar la impunidad.
@MarbellaGY
Coord. Asociaciones Ciudadanas en @Vente_Yaracuy