En Venezuela es bastante lo que se dice y se debate sobre los recursos naturales y poco o nada lo que se debate sobre los derechos naturales que, en mi opinión, son en jerarquía de mayor grado que cualquier otro aspecto necesario para la organización social basada en una idea objetiva de justicia. El orden social es requisito indispensable para el bienestar y la felicidad del individuo, esto es su sano desarrollo como ser social en un ambiente de cooperación voluntaria con sus semejantes.
Es patente que en nuestro país se ha seguido, ya hoy sin siquiera pensar en ello, la línea de Platón, Aristóteles y los tomistas (Tomás de Aquino), al habernos inclinado por una organización social de corte estatista en detrimento del individuo. Esta teoría “clásica” de la Ley natural sitúa el lugar del bien y las acciones virtuosas en el Estado, con estricta subordinación los ciudadanos a instancias estatales, desconociendo al individuo como unidad de acción; como ente que piensa, siente, elige y actúa, o como magistralmente escribió Carlos Rangel en su libro “Marx y los socialismos reales”:
“La encrucijada dramática del intervencionismo ha dejado a Venezuela postrada y malherida por las consecuencias ineluctables del comportamiento destructivo, asfixiante y corrompido de un Estado que no asume a la población como ciudadanos sino como vasallos, semejante a un gigante de cerebro minúsculo y sin control de sus actos, y que sin embargo persiste en postularse como único capaz de conducir hasta en sus más mínimos detalles, la vida de una sociedad a la cual supone compuesta de eternos menores de edad, con eterna necesidad de tutela”.
Y aquí vamos al punto central: la supremacía del Estado en el manejo exclusivo de los recursos naturales, sin que importe que para ello se deban violar de manera disimulada o flagrante los derechos naturales de los venezolanos. Se da por sentado que los derechos naturales pueden ser pisoteados, ni siquiera se piensa mucho en ello a falta de consciencia en este aspecto. Pero cada día se debate con pasión sobre “nuestro petróleo”, sobre si es China, Rusia y Cuba los que se lo llevan sin pagarlo o es EUA el único que lo paga, o viceversa.
Lamentablemente, completos miserables que deben pedir permiso hasta comer pernil hablan de “su petróleo”, como si realmente recibiesen algún beneficio basados en “su propiedad”. Llegados aquí, podemos ya descubrir la gran falacia que se oculta bajo la industria petrolera, el arco minero y los pasados programas de “reforma agraria”. ¡El Estado venezolano es, y por amplio margen el mayor terrateniente en nuestro país! Y además, es el dueño absoluto de todos los recursos naturales que están depositados en el subsuelo, por si eso no bastara, es el dueño de todo el espacio y el espectro radioeléctrico. Pero hablar “del estado” sigue siendo un eufemismo que en términos prácticos se traduce en un grupo de funcionarios que obran en su nombre y disfrutan los privilegios de tan “noble y sacrificada misión”.
¿Existen verdaderamente países “ricos” y países “pobres”? En lo que se refiere a recursos naturales, es indudable que sí. Piénsese en Venezuela, es difícil verificar un recurso natural que nuestro país no posea. Poco es lo que la naturaleza nos ha negado. Y sin embargo somos pobres. Por el contrario Suiza, que no tiene recursos naturales de ninguna clase, es el rico de los ricos. Es que la riqueza no depende de los recursos naturales. Depende de los hombres. Hay mucho de verdad en aquella frase que con suma elocuencia escribió Napoleón Hill: “Se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra”. Para percibir esto es suficiente imaginar, que Suiza, Alemania y Venezuela tuviesen similar número de habitantes, luego imaginemos el trasplante de los 30 millones de venezolanos a Alemania (o, para el, mismo efecto, a Suiza) y de 30 millones de alemanes (o suizos) a Venezuela. ¿Cuál sería el país rico y cuál sería el país pobre en un lapso de diez años?
En días pasados, el ingeniero Héctor Alonzo Gómez me envió un documento titulado “Visión país: mis 21 consideraciones para el renacer de Venezuela” con el cual estoy totalmente de acuerdo y cuyo punto número 6 dice así:
“Generar un nuevo modelo para las industrias actualmente estatizadas:
A) privatizar de manera total todas las industrias no estratégicas.
B) Petróleo, minería, industrias básicas: sólo un máximo del 20% sería del estado, su gestión debe ser privada. Al indicar que deben ser privadas, es que los ciudadanos venezolanos deben ser sus accionistas (los ciudadanos, no el estado) y que esté abierta a la inversión de capitales. Si las riquezas de Venezuela son de los venezolanos, entonces deben ser ellos sus propietarios directos como sus socios, accionistas, no el estado. Tú, yo, cada uno de nosotros. Los únicos que se benefician de las industrias estatales son los políticos corruptos, así que se debe desconfiar de aquellos políticos que quieren que el estado sea el dueño antes que los propios ciudadanos que lo conforman.
C) Aumentar la producción petrolera a 5 millones de barriles en 5 años.
D) No puede ser exportado petróleo, crudo o minerales sin procesar a menos que no exista industria con la capacidad de procesamiento. Revisar cómo sucedió el desarrollo de Texas, al exigir que toda gota de petróleo allí extraída, se le debía agregar valor en el mismo territorio. Sin embargo esto debe dejar abiertas las reglas del libre comercio al buscar solo mayor productividad y valor agregado nacional, para así generar más trabajo y más riqueza dentro de la Nación».
El enfoque del ingeniero Gómez es abiertamente el de un liberal clásico y por ello, pone su confianza directamente en el individuo, ubicando al funcionario estatal en una dimensión muy limitada en contraposición a los poderes exagerados y las prerrogativas que con frecuencia se les asignan a estos últimos. Es enfático al advertirnos de “desconfiar de aquellos políticos que prefieran al estado como dueño de los recursos en lugar de los ciudadanos”.
El Estado debería ser competente para asignar obligaciones y para vigilar la línea que separa el bien del mal en su esfera inmediata. Más allá del límite de sus competencias necesarias para su razón de existir, sólo puede convertirse en la institucionalización de la injusticia y la legalización de la expoliación, los privilegios convenientemente repartidos por los que ejercen el poder entre sus partidarios, amigos, familiares y en general, entre sus más fieles, sumisos y rastreros aduladores a expensas de los recursos de todos, ejerciendo la violación discrecional de los derechos de los individuos de la sociedad en general.
En lugar de tomar partido por sectores particulares de individuos, la función del estado requiere apego a principios. No es necesario que tengamos que pagar el advenimiento de la civilización al precio de la pérdida de la libertad absoluta. Los individuos somos libres por nacimiento y no necesitamos cadenas sino leyes justas. Se puede alcanzar la libertad y la abundancia, la libertad y la civilización.
Unos de los argumentos a favor del estatismo subyace en que la libertad debe ser “condicional”, pero esto es sobreentendido, pues toda libertad es condicional en esencia, y su condición es la que por naturaleza establece el límite precisamente allí donde comienza la libertad de nuestros semejantes, por ello, no se puede entender la libertad como un suceso de estricta participación política dentro de los límites exclusivos del estado sino también frente a él, siendo este un instrumento de la sociedad cuyo objetivo no es otro que la justicia. El Estado debe servir y temer los individuos y no al revés, porque si bien el estado no puede volver buenos a los hombres, con poderes absolutos, fácilmente puede envilecerlos. Encontramos en esto último una de las justificaciones más sublimes por la que abogamos por los gobiernos limitados a competencias muy puntuales, mínimas y necesarias.
José Daniel Montenegro Vidal
Coordinador estadal de Formación de Cuadros en Barinas.