Socialismo: Legalización del robo y la barbarie [parte I] – Por José Daniel Montenegro

Los hombres no tienen más que dos medios principales para dominar los unos a los otros: la fuerza y la ignorancia. Al volverse con el tiempo más civilizada y más estable la sociedad, las diferentes relaciones entre los hombres se hacen más complicadas y numerosas. La necesidad de las leyes civiles se hace sentir vivamente. Entonces nacen los legisladores, que con las décadas, se han alejado drásticamente de su función, que es promover y defender en todos los individuos sin excepción, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad legítima, derechos a través de los cuales se construido la civilización occidental.

No es el uso del poder o el hábito de la obediencia lo que deprava a los hombres, sino el desempeño de un poder que se considera ilegítimo, y la obediencia al mismo si se estima usurpado u opresor.

No puede pues introducirse en la sociedad una mayor desgracia que ésta: la ley convertida en instrumento de expoliación, siempre al servicio de los caprichos de gobernantes y legisladores en nombre del “bien común”, que lícito es decirlo, la abundante experiencia nos demuestra que este supuesto bien común, termina beneficiando sólo un reducido grupo de individuos: los gobernantes y legisladores  mismos, sus familias y sus allegados, porque en Venezuela, gracias a la redistribución de la riqueza y peor aún, luego del socialismo carnívoro y radical, no fue el jornalero pobre y semianalfabeta el que terminó de próspero empresario o acaudalado hacendado, sino más bien otro tipo de pobre más específico: aquel que viniendo de un hogar con dificultades económicas, eligió el camino de la política partidista bajo la excusa de servir a los demás para finalmente servirse a sí mismo usando para ello, el poder y los recursos de todos aquellos que se suponía su derechos defendería. Podría decirse que son estas gentes de la clase más despreciable de ser humano, que no merecen la más mínima adulación sino el repudio y la condena de la sociedad entera.

Aunque no son los únicos en nuestro país, donde el pillaje político partidista ha sido la norma, podemos citar a Hugo Chávez y a su heredero Nicolás Maduro con su camarilla de perversos y sanguinarios ladrones, como máximos exponentes de aquellos pobres, que viniendo de la estrechez económica, se han apoderado de un país, convirtiéndose ellos mismos en groseramente multimillonarios sin vergüenza o pudor alguno.

Hacer reinar la justicia se encuentra implícito en la esencia de la ley, de allí parte su necesidad. Ley y justicia suelen ser un todo dentro del espíritu de la mayoría de las gentes, por lo que es frecuente asumirse que ley y justicia son sinónimos. Todos tenemos cierta inclinación a considerar lo legal como legítimo y, muchas veces, dando por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta con que la ley consagre y establezca una arbitrariedad para que ésta parezca justa y sagrada, y con ello, desaparezca toda posibilidad de crítica u oposición racional.

La esclavitud, el monopolio, el tráfico de influencias, los sobornos, el amiguismo, el partidismo, los privilegios para los que detentan el poder y sus allegados, encuentran defensores no sólo entre los que de ello disfrutan, sino también entre los por ello padecen, que muchas veces, la única objeción que al respecto poseen, es el hecho de ser ellos excluidos del reparto del botín.

“La perversión de la ley provoca distorsiones y conflictos sociales a gran escala”, me decía en días pasados el joven profesional del derecho Jonathan José Zambrano González, un hombre libre y de buenas costumbres, poseedor de una profundidad filosófica admirable, comprometido con un cambio de gobierno en Venezuela y también, estudioso de todos los modelos y sistemas de gobierno en la búsqueda de aquel que nos permita construir el país que requerimos.

Mientras sea admitido como principio respetable el hecho de que la ley pueda desviarse de su función original, violentando en los individuos sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad legítima en lugar de defenderlos y garantizarlos, cada sector de la sociedad querrá echar mano de la ley para protegerse a sí mismos de la expoliación y en todo caso, organizarla en detrimento de todos los demás.

Ocurre que allí donde los derechos naturales son atacados por las instituciones estatales, la ley participa y promueve la expoliación, es decir, el robo institucional. Algunas veces la ejerce mediante su propia mano, a fin de ahorrarle al beneficiario la vergüenza o el riesgo de ejercer el robo de forma directa y a mano armada como un ladrón común, poniendo todo el aparato de tribunales, juzgados, policías y prisiones al servicio del victimario , tratando como criminal a la víctima que se defiende, pero no hay diferencia en la esencia de un ladrón común que arrebata el teléfono celular a un transeúnte desprevenido respecto a  un funcionario estatal que mediante la ley despoja a un individuo de su propiedad legítima.

Frédéric Bastiat, hizo una maravillosa descripción de la situación:

“La expoliación legal puede ejercitarse en una multitud, infinita de maneras; de ahí la infinita multitud de planes de organización: tarifas, proteccionismos, primas, subvenciones, fomentos, impuestos progresivos, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho a la ganancia, derecho al salario, derecho a la asistencia, derecho a los instrumentos de trabajo, gratuidad del crédito, etc. Y es el conjunto de todos aquellos planes, en lo que tienen de común que es la expoliación legal, lo que toma el nombre de socialismo”.

Continúa en una segunda entrega… 

@dmontenegrov1

José Daniel Montenegro Vidal

Coordinador estadal de formación de cuadros de Vente Barinas