La gestión integral del recurso hídrico se puede definir como un proceso que tiene por objeto promover el aprovechamiento y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y sus recursos naturales asociados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (WWAP, DHI Water Policy, PNUMA-DHI Centro para el Agua y el Medio Ambiente. 2009).
Debe orientarse, entonces, a maximizar de forma equilibrada los beneficios sociales, económicos y ambientales (sustentabilidad ambiental) que se derivan de las actividades relacionadas con el aprovechamiento del recurso hídrico; asimismo debe controlar y mitigar los efectos adversos que se generan del uso de este recurso, de modo de garantizar el bienestar humano, sin comprometer las capacidades o límites del ambiente en el que este forma parte.
Las estructuras institucionales adoptadas en América Latina y el Caribe para la gestión del agua muestran una diversa heterogeneidad (Dourojeanni, 2010), las cuales pudiesen estar clasificadas en tres grupos:
- Las de aquellos países que presentan sistemas administrativos integrados por numerosas instituciones que participan activamente en la gestión del recurso hídrico, con una limitada coordinación central.
- Las que corresponden a sistemas administrativos que cuentan con un mecanismo de coordinación central de las políticas, pero que se caracterizan por un alto grado de descentralización institucional relativas al aprovechamiento del recurso
- Las propias de países como Venezuela, que presentan un sistema administrativo que se caracteriza por una absoluta y compleja centralización de la autoridad, que pueden tener oficinas regionales con una limitada o nula delegación de responsabilidades.
La adopción de un enfoque centralista para la gestión hídrica durante los 20 años del socialismo en nuestro país, ha traído consecuencias negativas en la calidad de vida de los caraqueños de las diversas parroquias del municipio Libertador. Una muestra de la ineficiencia de este modelo de gestión del recurso hídrico, es que para el año de 1998 la ciudad de Caracas recibía 20.000 litros por segundo (equivalentes a dos de los famosos camiones cisternas), y para el año 2020 ha recibido cantidades muy por debajo de las capacidades máximas de bombeo del sistema Tuy en su totalidad.
La falta de suministro de agua en muchos sectores de la ciudad de Caracas, es el resultado de las inadecuadas políticas públicas de gestión, mantenimiento e inversión que ha llevado a cabo el sistema socialista hasta la actualidad. Un hecho a destacar es el incumplimiento gubernamental en la entrega del Proyecto Tuy IV, el cual, si bien debió haberse ejecutado en el año 2012, según el antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con el correr de los años lamentablemente ha sido pospuesto en diferentes oportunidades. Así actúan los usurpadores.
Hasta la fecha no se han tenido resultados en concreto referentes a la culminación de esta importante obra, cuya capacidad máxima de bombeo eran 21.000 litros por segundo, que, conectados con el sistema actual, cubrirían perfectamente las demandas actuales del recurso hídrico en la ciudad.
Ante esta problemática, en diversos sectores de la ciudad se ha optado por la construcción de sistemas de pozos, los cuales se han venido ejecutando sin la debida supervisión ambiental contemplada en los estudios de impacto ambiental y en diferentes proyectos de exploración hidrogeológicas; por lo cual se obvia la caracterización de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua para compararlo con lo estipulado en las “Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos”, que es el instrumento venezolano en el cual se dictan las pautas para el consumo de agua potable.
Lo antes descrito demuestra que la situación actual del COVID-19 puede agravarse debido a la falta de acceso al agua en cantidad y frecuencia para la higiene, el consumo y las tareas domésticas. Para revertir este escenario negativo es necesario un cambio de modelo dirigido a la mayor participación privada de las empresas de servicio público relacionadas con el agua; la descentralización de funciones de gestión ambiental hacia los municipios, que incluyan el manejo de cuencas y de sus cauces; la creación de comités de aguas, modificación de leyes o normas de agua, la sustitución de tuberías para evitar fugas clandestinas, la aplicación de normas de planificación urbana, entre otros aspectos, que solo son posibles una vez se logre el cese a la usurpación y un cambio de modelo país en el mediano y largo plazo.
Lic. en Geografía. MSc. Carlos Narváez
Coordinador de Gestión Pública Vente Distrito Capital