Venezuela está sumergida en la mayor crisis sin precedentes, comprendida en todos los contextos posibles: en lo político, económico, social y quizás el de mayor trascendencia: el humanitario; se dirige de manera acelerada al inminente debacle de nuestra nación como República.
En ese sentido, el mundo entero -y muy especialmente nuestra región occidental- son conscientes de la dimensión geopolítica considerable a la que ascendió Venezuela cuando se comprendió el grado de intervención que tienen los regímenes cubano, ruso, chino e iraní, y el claro propósito de expandir sus influencias y acciones en el hemisferio, para desestabilizar a las democracias occidentales.
Es por ello que los venezolanos conocemos muy bien el diagnóstico al grave problema que enfrentamos, e insistir en la búsqueda de una salida mediante mecanismos convencionales por parte de quienes ostentan el gobierno interino, solo demuestra la pretensión por mantener con distintos actores, el mismo sistema en común en alianza con un cúmulo internacional de financistas que hacen vida y ocultan sus riquezas en otros países.
Dicho esto, debemos hacer memoria que la Asamblea Nacional dictó el “Estatuto para la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución”. Por ende, en su artículo 2 establece un “itinerario de democratización” del país o ruta, que empieza por la “liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela”, o como lo bautizó Guaidó: el cese de la usurpación.
Es claro que el estatuto es un “marco” normativo, y eran necesarios actos de ejecución y desarrollo del mismo (acuerdo y leyes). Además, bajo el principio de flexibilidad que lo rige, el estatuto contiene una cláusula de “competencia residual” que le permite a la Asamblea Nacional resolver todo lo que no esté previsto en el mismo.
Ahora bien, hemos sido testigos que durante estos diecisiete meses la Asamblea Nacional continúa rechazando la invocación del 187 numeral 11 Constitucional, y todos aquellos mecanismos idóneos que evidencien -no sólo estar en sintonía con lo que demanda el país-, sino también reacios a enviar un mensaje claro a la comunidad internacional con acciones concretas. Esto hay que resaltarlo, puesto que nuestros principales aliados se siguen moviendo en la dirección correcta al aplicar sanciones a los jerarcas del régimen y a las empresas del Estado utilizadas para oxigenar el aparato criminal. Las imputaciones emitidas por la justicia de los Estados Unidos contra los más altos jerarcas del régimen por cargos de narcotráfico y terrorismo, así como la operación multinacional antinarcóticos recientemente desplegada, integrada por 22 países, esto deja claro las posiciones firmes en la construcción de una amenaza real a la tiranía. Ello ubica nuestra lucha en el plano correcto: las fuerzas democráticas frente a un conglomerado criminal.
De ahí que el gobierno encargado, en clara discrepancia con nuestras necesidades, ha dejado una cadena de errores que subvierte el orden establecido en el estatuto celebrado aquel cinco de febrero de dos mil diecinueve, entre ellos -solo por citar algunos-: el intento fallido de la entrega humanitaria en Cúcuta; la extraña toma del distribuidor de Altamira; se entregaron a la negociación, primero en Oslo y luego Barbados a espaldas al país; y por último, el reingreso al seno de la Asamblea Nacional de militantes del PSUV y constituyentitas que hace más de 2 años abandonaron sus curules.
Esta serie de errores ha permitido -principalmente- que el régimen gane tiempo, profundizando la anarquía en Venezuela que continúa en aumento de manera desproporcionada; el crecimiento con la multiplicidad de grupos criminales, incluida: las guerrillas colombianas, los carteles de la droga y células de Hezbolá, que se disputan vastas extensiones de territorio y recursos estratégicos del país. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, se sigue extendiendo a nivel hemisférico, impactando los intereses más fundamentales de las democracias de las Américas.
En ese contexto, Vente Venezuela comprende muy bien la naturaleza del fenómeno que enfrentamos: nuestro país está invadido; la nación secuestrada y persiste el saqueo de sus riquezas. Cada día que pasa el sufrimiento de los venezolanos se incrementa con pérdidas incalculables, por lo que estamos convencidos que la una única alternativa para desalojar definitivamente al conglomerado criminal que desarrolla un conflicto no convencional y totalmente asimétrico en contra de los venezolanos, es la conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación para la Paz y Estabilización en Venezuela (OPE).
La OPE, en línea general, tiene como propósito retomar el control del territorio y la neutralización de una compleja red de organizaciones criminales que operan en el país, lo que permite paulatinamente la estabilización del país para la recuperación de sus capacidades productivas y el Estado de Derecho. De ahí que la articulación de dicha operación no depende de una sola acción en concreto, todo lo contrario, requiere la conjunción de acciones coordinadas en distintos ámbitos de carácter nacional y multinacional.
Cabe resaltar, que no existe un “derecho de intervención”, pero ello no exime la “obligación a intervenir y el Derecho a Proteger” por lo que se ampara en el Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el derecho internacional de los Derechos Humanos, y en mecanismos regionales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y otras alianzas que permitan enfrentar amenazas comunes.
Por eso insistimos, como bien lo ha expresado nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado, no es invasión, pues Venezuela ya está invadida, es cesar la usurpación de los poderes públicos, detener la violación masiva y sistemática de los derechos humanos y enfrentar la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Nadie ha propuesto algo distinto, mucho menos planteamientos sin argumento alguno, todo lo contrario, hemos sostenido que se debe retomar la ruta planteada en el Estatuto para la transición, y la OPE pasa por concretar uno de ellos: el cese de la usurpación, desalojando a la tiranía del poder, y en ese orden, podremos ir hacia un gobierno de transición. En tanto que, oponerse a la presencia en Venezuela de una fuerza de paz internacional que asista a lo que queda de nuestras instituciones, incluyendo a los restos de la Fuerzas Armadas a recuperar el control y pacificar el país, es condenar a nuestra nación a sucumbir al dominio total de las mafias.
Rafael Ángel Villafañe Díaz
Abogado
Coordinador municipal de organización – DEM Barinas
@Abg_RafaelV