Faltando poco más de un mes para las fraudulentas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen, lo que se aprecia es que la población no tiene ningún interés en este evento. El país tiene tantos problemas y la gente enfrenta tan serias dificultades, que la atención está centrada en la obtención de comida, medicamentos, gasolina, gas doméstico, etc.
Ya las encuestas vaticinan una abstención abrumadora, lo que debe tener preocupado al régimen, que estará buscando la manera de suspender o prorrogar esta elección para evitar quedar en evidencia frente a un mundo que tiene los ojos puestos en Venezuela.
Esta convocatoria a elecciones para elegir diputados a la Asamblea Nacional es ilegal desde su origen, ya que fueron convocadas por un CNE ilegal, nombrado por un TSJ ilegal, y a su vez, por una Asamblea Constituyente electa de manera ilegal. Muchas son las violaciones e irregularidades cometidas en este camino al 6D.
Como una manera de ilustrar a los venezolanos que todavía se debaten en la indecisión de votar o no votar, vale la pena recordar algunas de las razones que, por lo menos yo, tengo para no votar.
Las autoridades del CNE fueron electas a través de la Sala Constitucional del TSJ, usurpando las competencias de la Asamblea Nacional. Por otro lado, el TSJ usurpa al recién nombrado CNE, al designar su Presidente, Vicepresidente y órganos subordinados.
Se designa como Presidenta del CNE a la Magistrada de la Sala Electoral que en 2015 impidió incorporar a la Asamblea Nacional a los representantes de Amazonas y al representante indígena por la región sur. Esta misma Magistrada fue la responsable de imponer la tesis del desacato de la Asamblea Nacional en enero de 2016.
El CNE convoca elecciones el 1° de Julio y publica oficialmente el cronograma electoral 10 días después. La Ley Orgánica de Procesos Electorales obliga a publicar el cronograma el mismo día de la convocatoria, siendo esto un principio fundamental de transparencia.
El CNE emite unas normas especiales que violan la constitución, ya que la carta magna prohíbe cambiar normas electorales 6 meses antes de una elección. Prohíbe cambiar la composición del Parlamento y modificar el sistema federal de gobierno, como se pretende hacer introduciendo una lista nacional de 48 diputados.
El sistema de elección que se pretende aplicar, no sólo es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad, sino que facilita que un partido pueda obtener la mayoría de los escaños del Parlamento sin ganar la mayoría de los votos totales. En algunos escenarios es posible que se logre el 80% de los escaños con el 40% de los votos.
En cuanto al proceso de actualización del registro electoral, no se garantiza el derecho a la participación de más de 4 millones de ciudadanos, ya que según el análisis técnico del operativo de inscripción y actualización (realizado por Súmate), el 45% de los Municipios y el 58% de las Parroquias del país no contaron con puntos de registro electoral. Los puntos de actualización e inscripción del registro se encontraban distribuidos de manera desproporcionada. Ciudades y grandes ciudades que aglutinan el 55% de la población, sólo se le asignaron el 37% de los puntos, mientras que en poblaciones rurales y centros poblados medianos y pequeños, que contienen el 20% de la población, se le asignaron más del 45% de puntos.
Por otro lado, el 25% de los puntos fueron colocados en espacios que podían afectar la imparcialidad y la transparencia de la jornada: sedes de misiones educativas, puestos policiales o de guardia nacional, bases de misión vivienda, entre otros o incluso en sitios que podrían tener riesgos de contagio por COVID-19 como ambulatorios, CDI, centros sanitarios.
El CNE asigna solo 15 días para la campaña electoral, cuando hay variaciones del sistema de asignación de escaños, cambios en el sistema automatizado, un contexto de movilidad restringido por COVID-19, aunado a graves fallas en la comunicación, internet, señal telefónica, servicios públicos.
El CNE no se pronunció para rechazar las declaraciones del General Padrino López, quien afirmó que mientras él estuviera en ese cargo, no habría posibilidad de que la oposición ganase elecciones, declaraciones que afectan la transparencia y confiablidad de los resultados.
Tampoco hay garantías de que el CNE proclame los resultados e imponga, como Poder Público independiente, el resultado electoral. Prueba de esto es el silencio que ha mantenido sobre la grave intromisión del TSJ en la proclamación de los diputados de Amazonas y en 2017, no hizo nada para hacer valer los resultados electorales de las gobernaciones de Bolívar y Zulia.
Afortunadamente, la mayoría de los venezolanos ya le dio la espalda a estas elecciones, pues han tomado conciencia de la falta de transparencia que tendrá un proceso en el que el régimen escogió los candidatos y los partidos que pueden participar, garantizándose la conformación de una Asamblea Nacional en la que el 100% de sus integrantes serán afectos a su proyecto. Esto demuestra que con Maduro en el poder no hay elecciones libres posibles y que la ruta sigue siendo la que se ofreció: fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres.