Venezuela como es sabido, ha experimentado una transformación para mal durante el siglo XXI en todos sus factores y bajo cualquier esquema de medición, a tal punto que hemos perdido la cualidad de ser reconocidos como país exportador de petróleo que detentamos durante casi un siglo. Todo esto conlleva a que muchos actores de la sociedad, políticos incluidos, hablen sobre la necesidad de convertirnos en un “país de propietarios” y abandonar el rentismo.
Al no explicar cómo llevar a cabo esto, dicha frase suena más a eslogan de campaña electoral y demagogia barata, que otra cosa. La intención de este escrito es ofrecer un conjunto de ideas para que en una Venezuela libre, esto se haga realidad, señalando una propuesta y que escollos debemos superar para hacerla posible.
Hablar de un país de propietarios pasa necesariamente por crear un mercado de capitales desarrollados, donde las grandes empresas de los sectores más rentables del país como lo son: telecomunicaciones, petróleo, minería, acero, aluminio, entre otras, coticen en el mercado de capitales venezolano, y los ciudadanos tengan acceso a canalizar sus ahorros hacia esas inversiones.
Esta actividad, al contrario de lo que se ha divulgado con malicia durante los últimos veinte años, lejos de ser una actividad elitista, está íntimamente relacionada con el desarrollo de un país. Sí tomamos una muestra de los 10 principales mercados de capitales del mundo, cualquiera notará, que salvo los mercados que se encuentran en China, todos se ubican en países con Índice de Desarrollo Humano alto, lo cual pareciera indicar que existe una correlación entre los mercados de capitales desarrollados y el desarrollo de un país.
Pero, para que esto pase de ser un buen deseo y regresen los capitales venezolanos legítimos en el exterior, los cuales son muchos y huyeron ante las políticas confiscatorias y socialistas de quienes regentan el Estado en los últimos 22 años, hace falta una serie de cambios que constituyen un giro 180° en la relación del Estado con los ciudadanos y las empresas que estos desarrollan. Por razones de espacio vamos a referirnos solamente a lo que, a nuestro juicio, son los tres cambios más importantes que debemos hacer, de los otros tantos que son necesarios para materializar este hecho.
1- Desarrollo de una cultura financiera: desde la aparición del petróleo en Venezuela, el venezolano ha crecido con el mito de que somos un país rico y que la naturaleza nos bendijo y proveerá de todo lo necesario para vivir bien. Sin embargo, el Estado se apoderó de los recursos naturales y ahora todos vivíamos de el. Esto llevó al Dr. Arturo Uslar Pietri a afirmar que Venezuela era el único país que vivía de un absurdo, donde en vez del Estado vivir de la nación (ciudadanos pagando impuestos razonables producto de sus actividades económicas), la nación vivía del Estado; esto explica la escasa cultura financiera del venezolano, entendiendo por tal, la capacidad de las personas para tomar decisiones correctas en materia de ahorro, financiamiento e inversión.
Resulta que este conocimiento, se mide en el mundo a través de una encuesta llamada “Financial Literacy Around the World”, y en cada una de esas mediciones se observa que los países más desarrollados y prósperos encabezan la lista, mientras países como Venezuela se encuentra entre los de menor desarrollo de esa cultura. La correlación entre esta variable y desarrollo es clara, no hay países prósperos con una población de analfabetos financieros.
2- Creación de un Estado de Derecho: entendemos por Estado de Derecho (ED), aquel donde la ley impone límites al Estado y sus funcionarios principalmente, así como a individuos, entidades privadas y a su vez, el mismo Estado limita las acciones de los integrantes de la sociedad para mantener el interés público, proteger a las personas de la violencia y garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a mecanismos para resolver sus diferencias.
Hablamos de creación del ED y no del rescate, porque en Venezuela nunca ha existido un ED como tal que moderadamente se ajuste a los estándares de la definición anterior, aunque el que tuvimos durante la era democrática es sustancialmente superior al del régimen actual, sus falencias eran notorias.
En este tema también contamos con un indicador internacional independiente que nos arroja luces sobre el mismo llamado Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index), emitido por una institución denominada World Justice Project, el cual mide muchas variables tales como “Gobierno Limitado” y “Debido Proceso”, entre otras, que no es posible desarrollar a profundidad en esta nota .
En su informe del año 2020, evaluó el ED en 128 países del mundo y el resultado es que Venezuela ocupa el lugar 128. Nuestros actuales “socios” tampoco salen bien librados: China (88), Rusia (94), Turquía (107), Nicaragua (118), Líbano (96), Irán (109), mientras que Cuba y Siria no aparecen en dicho estudio, por ende, es importante resaltar que nuestra ubicación en el fondo es recurrente, en 2014 se evaluaron 99 países y quedamos en el puesto 99.
Es obvio que sin una transformación radical del Estado de Derecho en Venezuela y sin que regresemos a privilegiar nuestras relaciones con países que respetan mucho más el mismo, como Estados Unidos (21), Colombia (77), Chile (26), España (19), entre otros, será imposible inspirar la confianza en la justicia en Venezuela, para propios y extraños.
3- Profunda Reforma Fiscal: el último aspecto, es que se debe materializar una profunda reforma fiscal que privilegie con tasas fiscales substancialmente menores a las actuales, a las empresas que migran hacia el mercado de capitales.
El déficit de cultura financiera que hablamos antes, también alcanza a quienes se dedican a las actividades empresariales, quienes fueron educados en un ambiente donde el secretismo y la opacidad eran y siguen siendo la norma. Pasar de ser una empresa de capital cerrado a una de capital abierto, impone una serie de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, tanto al mercado, como a los organismos fiscalizadores de valores públicos, dónde racionalmente nadie está motivado a someterse voluntariamente a éstas, a no ser que reciba incentivos superiores a los costos que debe asumir.
Para finalizar, consideramos que todas aquellas empresas mercantiles que realizan operaciones con carácter de lucro pertenecientes al Estado, expropiadas, confiscadas o creadas por este, deben ser privatizadas y por lo menos el 49% de su capital accionario colocado en el mercado de valores venezolanos, para coadyuvar al retorno de los capitales fugados gracias al socialismo.
Igor Williams De Castro.
Coord. de Promoción de Valores del Municipio Caroní de Vente Venezuela.
@igorwilliams