Resurge el tema sensible de las elecciones para autoridades rectorales y representantes en las universidades nacionales. Elecciones detenidas por demasiados años por el régimen del terror, que ha usado para ello su brazo «legal» irrito: el mal ocupado Tribunal Supremo de Justicia.
Las universidades, que debieron rebelarse con el énfasis adecuado en su momento, como hemos sugerido en diferentes ocasiones, se han conformado con la resistencia. Un resistir que para nada ha evitado el perverso arrase, más que extremo, que han impuesto desde la opresión. Por miedo al coco de la intervención, por miedo a una prisión colectiva, por la continua dispersión y disgregación a lo interno de cada institución y en su desconcierto conjunto, se encuentran hoy desprovistas de cualquier fortaleza defensiva. El régimen ha impuesto su macabro plan de destrucción institucional en las universidades, en la educación. Para ello, para el desplome institucional, gestado desde el poder, el problema de la imposibilidad de elecciones rectorales ha sido sumamente eficaz, gestado con filigrana con asesoría cubana.
La Universidad Central de Venezuela, sacudida en su estructura y su accionar, trabaja en un proyecto incluyente, que busca así, en aras de la Autonomía, aplicar parte de las sentencias infames disimuladamente, como una decisión interna, supuestamente sin intervencionismo del terror andante. Sin embargo, ese proyecto se ha venido congelando. ¿Por no cumplir directamente la sentencia? ¿Por conocer que no aceptarán fuera de la autónoma universidad a las autoridades que resulten elegidas?
Por su parte, en nuestra Universidad Simón Bolívar, en el Consejo Directivo de esta semana se decidió convocar una reunión extraordinaria de ese cuerpo con ese único punto, con la idea puesta en considerar reunirse permanentemente hasta agotar la discusión y arribar a una decisión. Se designó, además, una comisión para que trabaje en función de destrabar la inmensa problemática en los diversos sectores a lo interno.
La apelación en este tema de tanta trascendencia nacional y de inigualable influencia en la búsqueda de la libertad y la democracia en el país, debe ir a la defensa a ultranza de la Autonomía, con todas las implicaciones que produzcan las decisiones valientes que han de tomarse. Para ello sería excelente una revisión histórica de los procesos universitarios venezolanos en tiranías, sin pensar en la tontera de la repetición o no de la historia. Y se debería llegar a acuerdos generales, unívocos de todas las autónomas y experimentales.
Todo ello requerirá de un enorme esfuerzo y de una presión en la que la comunidad universitaria del país deberá ser señera en la orientación del camino que pudiera significar una tremenda incidencia en la resolución definitiva de los frenos a la libertad política y humana nacional que la mayoría vislumbra.
Es singular la influencia de las universidades, aun debilitadas, en todo el país. Tamaña responsabilidad, que no debemos continuar evadiendo por motivo alguno. La firmeza y la unificación de criterios serán baluartes para proteger lo que ha quedado luego de esta debacle planificada y en continua ejecución macabra.