El pasado 6 de marzo, en el casco central de San Antonio de los Altos, alrededor de la Plaza Bolívar del municipio Los Salías, fue desmantelada por el CICPC una organización delictiva que se abocaba a la prostitución infantil, el hecho fue descubierto en el hospital Victorino Santaella ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda. Y es que un par de niñas con edades de 15 y 16 años fueron atendidas en este centro hospitalario tras presentar señales de violencia e infecciones (producto de la ejecución de abortos), en el lugar, las adolescentes denunciarían los hechos, la ubicación de los centros en que operaba la organización, y los responsables de la misma. Acto seguido el cuerpo policial procedería a desarrollar los respectivos allanamientos, dando como resultado la captura de al menos 4 sospechosos. Estas detenciones obedecen al proceso de investigación preliminar pertinente.
Este hecho deja un amargo sabor de boca, pues resulta funesto saber que todo esto pasaba delante de nuestras narices. Hechos así enlodan la percepción positiva que tenemos sobre nuestro terruño, haciendo un oscuro contraste con lo que siempre revelamos sobre San Antonio, un pueblo pequeño, donde si no nos conocemos al menos nos reconocemos, un pueblo de montañas hermosas y clima privilegiado, de gente cordial y agradable, donde prevalece el sentir de la familia.
En este punto me permito ser muy crítico no solo con el papel que juegan quienes fungen con debatida legalidad como autoridades municipales y estadales, refiriéndome al control que deberían tener quienes cuentan con los recursos y el poder del estado sobre el desarrollo de esta y otro tipo de actividades ilícitas, sino también de nuestro rol como ciudadanos. Y es que no debemos dejar de señalar todo lo que no es normal y no está bien, por omisión también nos convertiríamos en una sociedad cómplice ante casos tan bochornosos como este, y también de los efectos o secuelas que en consecuencia se generan. De hecho, uno de los aspectos que me sorprende de este caso es la poca difusión que ha tenido tanto en medios de comunicación, como también por parte de la dirigencia municipal y regional.
Resulta contradictorio el tratamiento y la poca resonancia que se le ha dado a esta noticia, que resulta alarmante para gran parte de la población saliense. En este sentido, deseo recalcar la tarea que como adultos tenemos, debemos velar y garantizar el bienestar de nuestros niños, mantenernos silentes ante estas atrocidades representa un golpe bajo contra el futuro, contra la institución de la familia, y los principios y valores que muy bien hablan de los sanantoñeros.
Sin duda, este no es un caso aislado, en Venezuela el crimen organizado y la descomposición social es promovida como política de estado, el régimen de Maduro tiene una mirada complaciente ante este tipo de delitos tipificado como trata de blanca. La crisis venezolana es caldo de cultivo para profundizar la vulnerabilidad de la población ante estas organizaciones criminales, que se extienden en gran medida por los estados fronterizos pero que se esparce también en vastas regiones del país, incluso en la capital, y en zonas turísticas como la isla de Margarita. Vale destacar que este problema no solo se circunscribe a niños, y mujeres con fines de explotación sexual, también se denuncia la vulnerabilidad de niños y hombres para la explotación y ejecución de trabajos forzados, como también para la reclusión por parte de grupos delictivos y grupos irregulares beligerantes como las FARC, el ELN, entre otras organizaciones dedicadas al crimen organizado llamadas a sostener el narco régimen liderado por Nicolás Maduro.
Andrés Colina, Coordinador Municipal de Vente Venezuela, Municipio Los Salias.
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