El régimen del terror hace gala últimamente de una sensibilidad muy tenue, fina, delicada, exquisita, cuando aprecia que por todos los flancos hay informaciones que lo cercan con la verdad de lo que diariamente, casi minuto a minuto, ocurre en Venezuela. Diría Ramos Sucre, en otro momento: «No hay tregua para la diversión ni el pensamiento». Tres hechos corroboran lo que expresó: la detención esta semana de la reconocida escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz; la prisión de dos periodistas más dos activistas políticos por reportar los hechos inenarrables de Apure, así como el anuncio de la presentación de una ley para «regular» las redes sociales. Todo ello en estos últimos días religiosos.
Hace más de veinte años, desde la llegada de la «revolución bonita» al poder, están comprometidos los Derechos Humanos en Venezuela. Pero la búsqueda de límites al pensamiento y su difusión, ha sido una constante que se ha manifestado en el cierre y persecusión de medios, en la negación del papel para imprimir periódicos, en la prisión permanente de periodistas, opinadores y tuiteros. También en los límites constantes a los derechos del pensamiento, de la expresión, de la información. La «Ley resorte» es una estúpida limitación.
Haber detenido a dos escritores de la talla de Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz es tal vez, la más cruda acción contra la palabra que imagina o describe la terrorífica realidad venezolana. ¡Aplicar medidas cautelares a Milagros Mata Gil! El terrorismo carece de límites. Ya lo vemos.
Llevar a prisión a dos periodistas y a dos activistas políticos por hacer su trabajo informativo y divulgativo en Apure, es no solo agredir a la prensa, es violentar las libertades una vez más. Profundo: es procurar esconder, sin lograrlo nunca, por cierto, lo que el mundo sabe. La vergüenza que les hacen pasar los guerrilleros a los que ellos mismos les dieron cabida para su acción en el país. El abandono más supino de las responsabilidades de la Fuerza Armada Nacional. La entrega del territorio evidenciada.
Buscar, por otro lado, controlar las redes sociales es otro modo de aplicar terror comunicacional. Tal vez no haya un sindicato establecido para defender ese derecho ciudadano. Corresponde a la sociedad civil, a los partidos políticos, asumir la defensa del violentado ser venezolano. Hay que impedir que se concrete esa ley en esa espuria «Asamblea» de focas. Hay que impedir, con cuanto esté a nuestro alcance, el modo chino o ruso, más bien comunista, de limitaciones a las redes. Hay que impedir que se apliquen regulaciones a la poca posibilidad diaria de los ciudadanos para expresarse libremente.
Hay también que hacer conocer al mundo todos los días, a cada hora, el doloroso tormento que es esta nueva escalada, esta renovada arremetida implacable contra los Derechos Humanos en Venezuela. Hay que procurar, ya se ve, no seguir perdiendo el tiempo en diálogos improductivos, prolongadores de la tragedia. Hay que ponerle fin definitivo a estas violaciones generalizadas y sistemáticas. Ya sobran las palabras.