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(Caracas. 27/09/2021) Hoy, desde el Comité de DDHH de Vente Venezuela, es nuestra responsabilidad ratificar lo que con anterioridad hemos reiterado sobre las secuelas de lo que ocurre en nuestro país. El drama humanitario nacional no es contenible dentro de nuestras fronteras y afecta a toda la región con el éxodo masivo de quienes se ven imposibilitados de asegurar su vida en nuestro propio territorio. Frente a eso, el mundo es testigo y responsable de las consecuencias tangibles de no haber actuado a tiempo.

Lo que ocurrió en Chile recientemente, con la quema de las pertenencias de migrantes venezolanos y la protesta contra nuestros connacionales en Iquique, como lo que ha venido ocurriendo en Perú, Ecuador y en algunos lugares de Colombia, no sólo constituye un nuevo agravio a los derechos fundamentales de los venezolanos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; sino que además subraya la imperiosa necesidad de cumplir con la responsabilidad de proteger, como lo establece Naciones Unidas.

Cierre de fronteras, penalización de ingreso, actos de xenofobia, crímenes de odio, deportación masiva y otras violaciones al derecho internacional humanitario no pueden ser la respuesta a una crisis regional causada por el régimen criminal de Nicolás Maduro.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar en pro de la protección de las personas víctimas de violación continuada y sistemática de DDHH, y eso, en el caso venezolano, implica también ponerle fin al origen del más grande desplazamiento forzado de la historia reciente de la región, en cifras solo superado a nivel mundial por la crisis de refugiados de Siria.

La Declaración de Cartagena llama a los países a buscar soluciones duraderas y a realizar esfuerzos para erradicar las causas que originan el problema de las personas refugiadas; en ese sentido, exhortamos a que prevalezcan la solidaridad y el apoyo de los gobiernos de la región y los organismos internacionales e instamos a que se tomen acciones para prevenir y enfrentar la xenofobia. Asimismo, exigimos respeto y protección para los ciudadanos venezolanos.

El cese de la impunidad del régimen criminal que origina el desplazamiento forzado de los venezolanos es lo único que frenará esta terrible situación que sigue en escalada en los países de acogida. Sabemos que la diáspora venezolana se caracteriza por sus valores y que los ciudadanos de los países de la región que los han recibido comprenden las razones por las que han debido abandonar nuestro país, obligados por un sistema criminal que somete y expulsa; la criminalización y persecución a migrantes venezolanos, por la actuación de unos pocos, no puede ser aceptada.

La necesidad de actuación es urgente, para Venezuela y para la región, y desde nuestra organización jamás vamos a callar ante esta realidad que duele, pero sobre todo nos compromete a lograr un cambio cuanto antes.